La Contraloría conformó un Comité que investigará este caso, el cual tendrá un término de 30 días hábiles para rendir un informe al contralor Humbert.
| enero 28, 2015
La Contraloría General de la República (CGR) inició hoy un proceso de auditoría interna a la vez que ordenó la suspensión provisional de funcionarios de alta jerarquía asignados al Programa de Ayuda Nacional (PAN), para iniciar una investigación con referencia a contratos que fueron refrendados por dichos funcionarios en el PAN.
El contralor general, Federico Humbert, informó que la suspensión y el inicio de la investigación se hará efectiva inmediatamente, puesto que es una responsabilidad de la Contraloría fiscalizar el manejo de todos los fondos del Estado sin importar banderías políticas, puestos o jerarquías, o el momento en que ocurrieron los manejos de los mismos.
“Todo funcionario de esta institución debe ser responsable de sus actos”, subrayó Humbert.
El contralor Humbert dijo: “la Contraloría no solo debe pregonar, sino también actuar y en esta ocasión abriendo estos procesos y suspendiendo a estos funcionarios, estamos actuando con el ejemplo, ejemplo que esperamos sea imitado por todas las instituciones del Estado”.
La Contraloría iniciará las auditorías correspondientes y, al respecto, el Contralor dijo que “nos corresponde hacer auditorías hacia afuera, pero también es importante hacerlas hacia adentro de esta institución”.
“No vamos a permitir que acciones de algunos individuos, empañen la imagen del resto de los miembros de esta institución”, precisó.
Un análisis ordenado por el Contralor General al Sistema de Seguimiento y Fiscalización de Documentos (SCAFID) de la CGR reveló que el Jefe y el Coordinador de Fiscalización en el PAN refrendaron órdenes de compra en las que es evidente la coincidencia entre el objeto de la orden de compra, el proveedor y las fechas en que fueron aprobadas.
La Contraloría conformó un Comité que investigará este caso, el cual tendrá un término de 30 días hábiles para rendir un informe al contralor Humbert.
El contralor general, Federico Humbert, informó que la suspensión y el inicio de la investigación se hará efectiva inmediatamente, puesto que es una responsabilidad de la Contraloría fiscalizar el manejo de todos los fondos del Estado sin importar banderías políticas, puestos o jerarquías, o el momento en que ocurrieron los manejos de los mismos.
“Todo funcionario de esta institución debe ser responsable de sus actos”, subrayó Humbert.
El contralor Humbert dijo: “la Contraloría no solo debe pregonar, sino también actuar y en esta ocasión abriendo estos procesos y suspendiendo a estos funcionarios, estamos actuando con el ejemplo, ejemplo que esperamos sea imitado por todas las instituciones del Estado”.
La Contraloría iniciará las auditorías correspondientes y, al respecto, el Contralor dijo que “nos corresponde hacer auditorías hacia afuera, pero también es importante hacerlas hacia adentro de esta institución”.
“No vamos a permitir que acciones de algunos individuos, empañen la imagen del resto de los miembros de esta institución”, precisó.
Un análisis ordenado por el Contralor General al Sistema de Seguimiento y Fiscalización de Documentos (SCAFID) de la CGR reveló que el Jefe y el Coordinador de Fiscalización en el PAN refrendaron órdenes de compra en las que es evidente la coincidencia entre el objeto de la orden de compra, el proveedor y las fechas en que fueron aprobadas.
La Contraloría conformó un Comité que investigará este caso, el cual tendrá un término de 30 días hábiles para rendir un informe al contralor Humbert.
Humbert señaló que las actuaciones de los servidores de la CGR deben llevarse en el marco de la Integridad y la Legalidad, en consecuencia este acto debe servir de referencia para las actuaciones presentes y futuras de todo servidor de la CGR. Fue enfático en señalar que cualquier acto que represente una actuación negligente o dolosa será investigado a nivel interno y se presentarán las acciones legales que correspondan, como lo obliga la ley. El Código de Ética de la Contraloría enfatiza que el funcionario de la CGR se obliga a comprometerse con la institución en salvaguardar el patrimonio público.
