«Se acabó el tema del mal llamado blindaje sostuvo el diputado Jorge Iván Arrocha.
| septiembre 2, 2015
José Agustín Del Mar/ @josedlmar
A capa y espada, han defendido los parlamentarios el recién aprobado proyecto de Ley 214 que deroga la ley 55 y por la cual se establece el periodo de juzgamientos por casos delictivos cuya omisión se atribuya a los diputados, magistrados y el presidente de la República.
Jorge Iván Arrocha presidente de la Comisión de Credenciales y miembro del oficialista Partido Panameñista, restó importancia a las críticas que ha generado la iniciativa, y muy por el contrario aseguró que irá disminuyendo la percepción de que los diputados son amparados por privilegios.
“Se acaba la percepción del pueblo panameño de que un diputado estaba fuera del alcance de la ley… se acabó el tema del mal llamado blindaje” sentenció.
Arrocha aseguró que la iniciativa contó con la aprobación de la mayoría en el parlamento y reacciono a su vez, a lo mencionado por la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien mostro insatisfacción al calificar la iniciativa como “un paso tibio”.
Pedro Miguel González diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también salió en defensa de la propuesta, al insistir que se logró “homologar los proceso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Nacional (AN)”.
Y es que, aunque la reciente iniciativa elimina la prueba idónea como requisito para presentar una querella, en el texto de la norma aparece de forma tácita al señalar que deben existir “los elementos de convicción que ofrezcan conocimiento probable que se haya cometido o se esté cometiendo un hecho punible”.
Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal con este cambio en la Ley, el blindaje sigue manteniéndose de manera “disfrazada”.
Similar idea, fue sustentada en Radio Panamá por el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Juan Carlos Araúz, quien incluso recomendó al Presidente Juan Carlos Varela vetar “por inexequible” el proyecto de ley.
Queda ahora en manos del Órgano Ejecutivo decidir si objeta o sanciona las reformas, las cuales entre sus enunciados, elevan a dos meses calendarios, el plazo para formular la imputación de cargos, y después de ese término, iniciaría otro periodo de dos meses más para concluir la investigación.
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