| octubre 10, 2018
Ciudad de Panamá, octubre 10 de 2018. La Empresa Nacional de Autopista, S.A., hace referencia a la información divulgada sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia frente a la Resolución de Gabinete que aprobó ajustes tarifarios en 2016:
● ENA es respetuosa de la normativa y acatará las decisiones que correspondan, y se le notifiquen.
● ENA se encuentra a la espera de la comunicación oficial del fallo de la Corte Suprema.
● El marco legal aplicable al ajuste de tarifas está contenido en la Ley 5 de 1988 y sus reglamentaciones, y el Contrato de Concesión N. 70 del 6 de agosto de 1996.
● Conforme a la normativa vigente existe una regulación específica que establece que: “las tarifas podrán ser revisadas y/o modificadas tantas veces como sea necesario, siempre y cuando cuente con la aprobación del Ministerio de Obras Pública (MOP) y del Consejo de Gabinete. La solicitud de incremento debidamente sustentada por EL CONCESIONARIO (ENA SUR) ante el MOP, será sometida ante el Consejo de Gabinete, organismo que contará con 30 días para aprobar la solicitud o rechazarla”.
● ENA, en su calidad de administradora de la sociedad concesionaria ENA SUR, cumplió con el procedimiento definido en la normativa vigente, que regula el sistema de revisión de tarifas de autopistas de peaje.
● La demanda se basó en la no aplicación del artículo 24 de la Ley 6 de 2002, que es posterior al sistema de regulación de tarifas establecido, por lo que es importante recibir la comunicación por parte de la Corte para tener claridad respecto al alcance del fallo que ha sido objeto de divulgación.
● ENA no proyecta aumento de tarifas.
● Cabe recordar que el fallo podría aplicar a las tarifas de las casetas de Punta Pacífica, remota de Atlapa-Vía Israel y Entronque Chanis. Las otras casetas incluidas en la resolución mencionada no están en funcionamiento.
● Las tarifas de las demás casetas del Corredor Sur, según lo divulgado, no fueron afectadas por el fallo.
● ENA es una entidad que responde a criterios de gobierno corporativo y de responsabilidad sobre los corredores que administra, asegurando su gestión y mantenimiento, así como la capacidad de poder responder a futuros requerimientos de nuevos proyectos de infraestructura que mejoren las alternativas de vialidad para la población.
