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La Ventana

John De León


Grupos indígenas disidentes esperan acercamiento con el Presidente Varela

Dirigentes indígenas "no aceptan" acuerdo firmado entre la Cacique Silvia Carrera y el Gobierno Central

Grupos indígenas disidentes esperan acercamiento con el Presidente Varela

Foto/Archivo: Proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco

José Agustín Del Mar/ @josedlmar

 
La división entre la dirigencia indígena sigue siendo la complicación más grande en el conflicto hidroeléctrico de Barro Blanco.

 
Clementina Pérez Cacique suplente y dirigente del Movimiento 22 de septiembre (M-22) ha dejado por sentado que “no avalan” el reciente acuerdo firmado entre la Cacique Silvia Carrera y el Gobierno Central.
 

Pérez espera que los grupos disidentes originarios puedan lograr un acercamiento con el Presidente Juan Carlos Varela este miércoles en la provincia de Bocas del Toro, aunque de antemano recalco en Radio Panamá que se mantiene la solicitud de cancelación y demolición de la presa.

 
De esta manera, los grupos indígenas que se muestran en oposición al reciente acuerdo firmado, por lo que esperan resultados definitivos de lo contrario, anunciaran nuevas acciones de protesta.

 
En medio de esto, la Ministra de Ambiente Mirei Endara reiteró la posición del gobierno, al manifestar que no culminar la obra representa “un mayor riesgo ambiental y social”, ya que la infraestructura de la presa actualmente está construída “sobre un área geológicamente débil” sin los debidos soportes, lo que podría resultar en un gran derrumbe.

 
Ante los reclamos de la empresa constructora que se ha quedado de la forma “inconsulta” en que fue rubricado el nuevo acuerdo, la titular recalcó que la propia empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa) ha demostrado su “incapacidad para manejar el conflicto”.

 
Y es que de hecho, desde antes de iniciar la edificación del proyecto, la empresa Genisa mostró varios incumplimientos a las normas establecidas, por lo menos así lo explico en Radio Panamá, la abogada Susana Sarracín del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

 
En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reposa desde febrero del año 2015 un amparo de garantías constitucionales y una demanda contencioso administrativa de protección a los derechos humanos, sin que hasta la fecha el Órgano Judicial se haya pronunciado.
 


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