El proyecto de ley 459 aprobado establece una normativa para la adjudicación de las zonas costeras y dicta la legislación para llevar a cabo un proceso de titulación masiva de derechos posesorios en beneficio de aquellas personas que han habitado o trabajado en las tierras durante muchos años.
| abril 3, 2009
(Panactual.com) — La Asamblea Nacional de Diputados de Panamá promulgó, en tercer y último debate, una ley que regula la adjudicación de títulos de propiedad en islas y costas.
El proyecto de ley 459 aprobado establece una normativa para la adjudicación de las zonas costeras y dicta la legislación para llevar a cabo un proceso de titulación masiva de derechos posesorios en beneficio de aquellas personas que han habitado o trabajado en las tierras durante muchos años.
El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Freidi Torres, que impulsó el proyecto de ley en setiembre del año pasado, señaló hoy en la Asamblea que la reforma es conveniente porque les "hace justicia a más de 100 mil personas que por años han anhelado una legislación que les permita legalizar los derechos sobre sus tierras".
La ley sobre Derechos Posesorios en Islas y Costas también fija el precio de venta de las tierras en función de su extensión: 50 dólares entre 0 y 20 hectáreas, 100 dólares entre 21 y 50 hectáreas y 150 dólares de 51 hectáreas en adelante.
La Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo un procedimiento especial conjuntamente con el Programa Nacional de Titulación de Tierras (PRONAT) tendrán la responsabilidad de realizar el rastreo y titulación de estas áreas.
Aún así corresponderá a la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) la adjudicación definitiva de las tierras.
Torres señaló también que al Estado le corresponde percibir algún tipo de ingreso por la venta de estas tierras, por lo que se incluyó un 25% de impuesto sobre las ganancias de cada operación.
La ley consta de 12 artículos, entre los que se destaca el que establece que la adjudicación de las tierras nacionales o de bienes patrimoniales ubicados en territorio insular y en zonas costeras sobre los que no existan derechos posesorios, estarán sujetos a procesos de contratación pública.
Asimismo, las adjudicaciones que realice la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) deberán garantizar el acceso público a las playas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
