Este miércoles se realizaron jornadas de protestas en los predios del Ministerio Público
| agosto 30, 2017
Las recientes declaraciones de la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, donde admite que existen presiones contra fiscales, provenientes de distintos sectores de poder, para impedir que avancen las investigaciones sobre actos de corrupción de “alto perfil”, generaron reacciones diversas.
Jorge Guzmán, dirigente del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), señaló que la Procuradora debe seguir su labor investigativa y abrir causas criminales contra quienes sean responsables de intimidar o amenazar a fiscales.
Otras agrupaciones sindicales, como el Suntracs, se manifestaron mediante protestas en los predios de la Procuraduría General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El dirigente Saúl Méndez, recalcó que la corrupción en las altas esferas judiciales debe ser combatida, por lo que reitera que debe convocarse una Constituyente Originaria.
Por su parte, Fernando Cebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), recalcó que la denuncia de Porcell evidencia “una grave crisis institucional”.
Entre los diputados de la nación, también hubo mensajes de apoyo a la labor del Órgano Judicial. Samir Gozaine, parlamentario del Partido Revolucionario Democrático (PRD), reconoció que el tiempo para realizar las investigaciones se agota, sin embargo, las presiones irán creciendo.
Los gremios empresariales también expresaron su preocupación.
“La obstrucción de la justicia en un delito, conforme al artículo 360 del código penal”, recordó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Inocencio Galindo de Obarrio.
Similar idea fue recalcada por el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Héctor Cotes, quien manifestó que la justicia debe ser aplicada con igualdad para todos.
El Movimiento Ciudadanos contra la Impunidad (CCI), liderada por Donaldo Sousa, emitió un comunicado, donde achaca parte de la culpa al propio Ministerio Público.
Según esta agrupación, las declaraciones de la Procuradora Porcell tratan de excusar “la incapacidad del Ministerio Público, en la persecución de los delitos, debido al completo sometimiento al actual poder ejecutivo y económico”.
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