| julio 31, 2014
Para una parte de la opinión pública en los Estados Unidos, las oleadas de niños y adolescentes de El Salvador, Guatemala y Honduras cruzando la frontera desde México son estrictamente un problema migratorio. Para otros, las raíces de esta crisis humanitaria están en la violencia, la falta de oportunidades y otros factores que empujan a miles y miles de familias centroamericanas a tomar decisiones drásticas.
Pero en mis recientes viajes al Triángulo del Norte, he escuchado una y otra vez que esta crisis refleja una incógnita más fundamental: ¿cuándo serán países donde sus ciudadanos quieran vivir, trabajar y criar a sus hijos?
Hace 15 años, los colombianos nos hacíamos esa misma dolorosa pregunta. La violencia, atizada por las guerrillas y los carteles, y la pobreza hacían difícil creer que podríamos salir de esa aterradora espiral.
Pero logramos salir. En buena medida lo conseguimos mediante el Plan Colombia, un ambicioso programa que combinó recursos nacionales con ayuda externa para reforzar nuestras instituciones, erradicar cultivos ilícitos y ampliar programas sociales. Nos costó más de una década de sacrificio, pero cambiamos el rumbo de nuestra nación.
Aún tenemos altos índices de delito, pero la violencia ha bajado a una fracción de los niveles que padecimos en los años 90. A medida que mejoró la seguridad, llegaron más inversiones. El crecimiento económico se fortaleció, así como el empleo y el consumo. Y lo más importante de todo: nuestros jóvenes dejaron de ver a la emigración como la única vía a un mañana mejor.
¿Funcionaría un plan similar en el Triángulo del Norte? La semana pasada, durante una visita a Washington, los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras reclamaron más apoyo internacional para potenciar los esfuerzos de sus propios gobiernos por atacar las múltiples causas de esta crisis.
Los escépticos podrán decir que el Plan Colombia, lanzado durante la presidencia del demócrata Bill Clinton y apoyado por su sucesor, el republicano George W. Bush, gozó de un consenso político hoy casi impensable. Otros señalarán las complicaciones de coordinar tareas con tres gobiernos con menos recursos que Colombia.
Estos son obstáculos considerables, pero en mis conversaciones con los tres presidentes centroamericanos, antes de que se reunieran en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama, pude comprobar que están decididos a colaborar en una iniciativa conjunta creíble, verificable y factible.
La credibilidad del plan dependerá de que sus ciudadanos vean reflejadas sus propias prioridades, y no una agenda impuesta desde el exterior. Entre las prioridades centroamericanas figuran aumentar el empleo, mejorar la educación y la salud, y desarrollar instituciones de seguridad y justicia capaces de imponerse a la violencia y la impunidad.
El impacto del plan será verificable si los gobiernos adoptan compromisos públicos con metas claras y plazos que vayan más allá de un mandato presidencial. Sólo así conseguirán convencer a potenciales donantes extranjeros de aportar recursos adicionales y a sus propios ciudadanos de que los fondos serán utilizados correcta y transparentemente.
Por último, el plan será factible si todas las partes interesadas reconocen una responsabilidad compartida. Por ejemplo, para las empresas estadounidenses que explotan la mano de obra indocumentada, implicaría respaldar un amplio programa de braceros bien regulado. Para las centroamericanas, significaría aceptar una carga impositiva que permita financiar una mayor cobertura de servicios públicos.
Para los legisladores estadounidenses que reclaman que América Central le ponga el pecho al narcotráfico, involucraría prestarle atención al general John Kelly, jefe del Comando Sur, quien recientemente comentó que la violencia en el Triángulo del Norte se debe “directa o indirectamente a la insaciable demanda de drogas en los Estados Unidos”.
La paradoja es que para Washington será menos oneroso ayudar a Honduras, Guatemala y El Salvador a convertirse en países más estables y prósperos de lo que le costará lidiar con esta crisis en la frontera. La universidad más cara en Honduras cuesta US$ 6.500 al año. Eso es una décima parte de lo que cuesta albergar y alimentar a un menor en un centro de detención para migrantes indocumentados.
En sus inicios, el Plan Colombia fue tachado de costoso y poco realista. Pero los críticos subestimaron nuestro sueño de forjar un país donde vale la pena vivir. Muchos colombianos estábamos empeñados en recuperar nuestra nación. Y la materialización de un gran programa internacional de ayuda externa reforzó nuestra voluntad al demostrarnos que el mundo también creía en nosotros.
*Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
