El Ejecutivo cree que los fondos públicos desviados superan los 6,2 millones fijados como fianza por la justicia
| noviembre 8, 2017
MADRID: Los 55 días que van desde la aprobación del artículo 155 de la Constitución, el pasado 27 de octubre, hasta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre son un periodo demasiado corto para darle la vuelta a una Generalitat gobernada desde hace años por el soberanismo, admiten fuentes gubernamentales. Pero pueden resultar suficientes para levantar las alfombras y conocer la verdadera dimensión del desvío de fondos públicos hacia el proceso secesionista, añaden. Con este fin, se han puesto en marcha auditorías internas en varias consellerías.
Pese a la aparatosa destitución y posterior encausamiento de los miembros del Ejecutivo catalán, el Gobierno central ha optado por la discreción. Desde la intervención de la autonomía, un goteo de secretarios de Estado ha pasado por los despachos de la descabezada Administración catalana. Un aterrizaje discreto, con reuniones con los altos cargos de la Generalitat fuera de los edificios de las consejerías o convocatorias para acudir a las sedes de los ministerios en Madrid. En ocasiones, las instrucciones se han impartido a través de llamadas telefónicas o videoconferencias.
Ayer mismo, altos cargos de Fomento se reunieron con responsables de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad en la sede del Instituto Catalán del Suelo, mientras que la llegada de una delegación del Ministerio de Exteriores al departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia fue captada por los fotógrafos del diario Nació digital.
Un portavoz del ministro Alfonso Dastis explicó que el objetivo de la delegación, encabezada por el secretario general técnico de Asuntos Exteriores, José María Muriel, era tomar contacto con la consellería, cuyo dirección ha sido asumida por el Ministerio. El diplomático Juan Fernández Trigo ha sido encargado de las tareas de “enlace y coordinación” con la consejería catalana, según el mismo portavoz, quien insistió en que no se ha producido ningún nombramiento formal en sustitución del exconsejero Raül Romeva, ahora en prisión preventiva.
Fernández Trigo es un veterano diplomático, fue embajador en Haití y Paraguay y hasta agosto pasado dirigió la oficina de la Unión Europea en Uruguay.
Fuentes gubernamentales sostienen que, hasta ahora, no se han producido roces con los funcionarios de la Generalitat y que la operación del traspaso de poderes se ha desarrollado con normalidad. Otra cosa es que los funcionarios eviten señalarse conscientes de que, tras las elecciones del 21-D, los partidos soberanistas podrían recuperar el poder ahora perdido.
En Exteriores, el Gobierno optó por suprimir la decena de embajadas políticas abiertas por la Generalitat en el exterior, con la excepción de Bruselas, y cesar a sus delegados, todos ellos con sueldos de altos cargos, manteniendo únicamente aquellas dependencias dedicadas a actividades de promoción comercial, turística o cultural.
Más allá de la gestión de los trámites diarios, según las fuentes consultadas, uno de los objetivos prioritarios de la intervención será auditar sus gastos para intentar cuantificar el montante de fondos públicos que se han destinado al procés.
Esta es una instrucción común a todos los ministerios implicados en la aplicación del 155, aunque en el caso de la consejería de Exteriores tiene especial incidencia, por su carácter eminentemente político.
A nadie se le oculta que el objetivo del departamento que dirigía Romeva era buscar apoyo y reconocimiento internacional para el proceso que culminó con el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI), un empeño que tuvo escaso éxito pero consumió cuantiosos recursos públicos: el presupuesto del servicio exterior catalán fue de 18 millones en 2016, pero estaba previsto duplicarlo este año.
Cuantificar con la mayor precisión el dinero público desviado al proyecto secesionista es una de las instrucciones que ha impartido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, responsable de coordinar la intervención de la Generalitat.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela fijó, a petición del fiscal, una fianza de 6,2 millones de euros para los miembros del cesado Govern, acusados de malversación de fondos públicos entre otros delitos. Esta cifra salía de sumar las partidas previstas para financiar el referéndum ilegal, que fueron anuladas por el Constitucional, pero fuentes gubernamentales creen que se trata de una estimación a la baja que no agota la totalidad de los fondos destinados al proceso secesionista.
Bajo la lupa de los auditores estarán no solo las partidas destinadas a financiar apoyos internacionales —como los obervadores extranjeros que asistieron al referéndum—, sino también las subvenciones concedidas a organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Omnium Cultural, cuyos máximos dirigentes están en prisión acusados de sedición.
UN FÉRREO CONTROL SOBRE LAS CUENTAS
El Ministerio de Hacienda lleva controlando las cuentas de la Generalitat desde noviembre de 2015, cuando el titular de la cartera, Cristóbal Montoro, quiso evitar que se destinaran recursos a fines independentistas. Una oficina entera del paseo de Gràcia preparó a contrarreloj más de 283.000 documentos para poder pagar a sus proveedores. El pasado mes de septiembre, Hacienda reforzó el control sobre las cuentas catalanas. Al Gobierno destituido solo le quedaba el control de los impuestos propios, alrededor del 10% del total. Hoy ya no los tienen. Fuentes próximas al Ejecutivo central explican que varios responsables de la Administración catalana han acudido a Madrid para dar cuenta del día a día de las consejerías económicas.
Miguel González: elpais.com
