Decenas de médicos fueron despedidos en Nicaragua por apoyar protestas contra Ortega

Doctores y personal sanitario denuncian represalias del régimen por atender a los heridos en las manifestaciones

Decenas de médicos fueron despedidos en Nicaragua por apoyar protestas contra Ortega

Decenas de médicos fueron despedidos en Nicaragua por apoyar protestas contra Ortega. Foto: Cortesía

MANAGUA: El Dr Javier Pastora no oculta su indignación, este cirujano general con una especialidad en gastroenterología y endoscopio digestiva avanzada denuncia que es víctima de una represalia por parte de las autoridades de la sanidad pública nicaragüense por atender a los heridos durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega –cuya respuesta violenta ha dejado 317 fallecidos– y por “expresar nuestra discrepancia política con el Gobierno”. Pastora era hasta la semana pasada jefe de cirugía del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales (HEODRA) de León, la segunda cuidad en importancia de Nicaragua, pero fue despedido sin mayores explicaciones. Solo le fue entregada una carta emitida por la dirección de ese centro hospitalario. Junto a él echaron a otros nueve médicos y 25 miembros del personal sanitario del HEODRA, el mayor hospital del oeste de Nicaragua.

El médico afirma que su despido responde a un “proceso de represión política” por criticar la represión desatada por Ortega desde abril, cuando comenzaron las manifestaciones que exigen el fin del mandato del presidente, que lleva 11 años gobernando Nicaragua con mano dura. “Nos han despedido de forma grosera, abusiva, sin excusas. Cuando pregunté cuáles eran las razonas me respondieron que eran políticas”, explica Pastora. El médico asegura que tras la “barrida” ordenada por la dirección del HEODRA, León –ciudad de postal localizada a 97 kilómetros al noroeste de Managua– se ha quedado sin médicos especialistas.

Junto a Pastora fue despedida la doctora Gladys Jarquín, pediatra con una especialidad en enfermedades infecciosas, que además dirigía el programa de VIH-Sida en el HEODRA. Jarquín se siente consternada por su despido y lo que eso significa para el hospital y sus pacientes, dado que ella había logrado conformar un equipo de investigación en microbiología que permitía hacer investigaciones pioneras en Nicaragua.

Gracias al trabajo de Jarquín, el HEODRA contaba con el apoyo de las universidades estadounidenses de Duke, en Carolina del Norte, y Vanderbilt, en Tennessee. Pastora explicó que los despidos obedecen a los comunicados que el personal médico del hospital publicó para aplacar el miedo de la población, porque se decía que había órdenes de la ministra de Salud, Sonia Castro, de no atender a los heridos en las protestas. “Había mucho temor de la población de acudir al hospital. Nosotros dijimos que se debía atender a todos los heridos, que sintieran seguridad”, explica la especialista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 21 de mayo –tras una visita a Nicaragua– un informe en el que recogía las denuncias de que varios hospitales nicaragüenses habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud”, se lee en el informe. Debido a una de esas negligencias falleció el 20 de abril Álvaro Conrado, un chico de apenas 15 años a quien dispararon en la garganta cuando distribuía agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Un estremecedor video lo muestra agonizando, mientras balbuceaba en su desesperación: “me duele respirar”. Esa frase se ha convertido en el lema de las manifestaciones en toda Nicaragua.

Otro de los médicos que denunció su despido es Julio Sánchez, cirujano general del Hospital Regional de Jinotepe, ciudad localizada a 32 kilómetros al sur de Managua, y que junto a su vecina Diriamba fue escenario de una de las peores masacres que ha sufrido Nicaragua en tiempos de paz: más de 20 personas fueron asesinadas en esas localidades por las huestes armadas de Ortega el 8 de julio. “Nosotros dimos atención médica a todos los heridos, incluso las autoridades del hospital dijeron que se sentían orgullosas porque estábamos del lado del pueblo”, explica Sánchez. “Nunca recibimos órdenes de no atender a los heridos”, aclara el médico, quien no esconde su sorpresa frente a una carta de despido que no le da ningún tipo de explicación. En Jinotepe fueron despedidos al menos 40 trabajadores de la sanidad pública. “Me reprimen por hacer cumplir el Juramento Hipocrático. Atendí a los heridos de ambos bandos”, aclara el médico.

A Sánchez le apena pensar que los puestos que han quedado libres tras la llamada “barrida” de las autoridades sanitarias puedan ser ocupados por personas sin suficiente preparación, que respondan más a intereses partidarios y lealtades a Ortega que a sus compromisos éticos y científicos. “No pueden reponer tan fácilmente la calidad ni la experiencia de estos médicos que han despedido”, afirma el especialista. A su lado asienten Gladys Jarquín y Javier Pastora, los médicos del HEODRA. “Es muy triste, doloroso, porque al ensañarse contra los médicos lo están haciendo también contra la población”, dice, apesadumbrado, el exjefe de cirugía del hospital más importante de León, hermosa ciudad colonial de Nicaragua.

En el HEODRA las autoridades no dan explicaciones por los despidos del personal médico. La directora de hospital, Judith Lejarza Vargas, no atendió las llamadas a su teléfono móvil y en el centro dijeron que no estaba disponible. Tampoco hubo respuesta en la dirección de recursos humanos. La persona que atendió la consulta telefónica –y que no se identificó– se excusó con un lacónico "no puedo dar información". Tampoco hubo una respuesta del Ejecutivo nicaragüense a las consultas hechas directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien controla la comunicación oficial del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 21 de mayo –tras una visita a Nicaragua– un informe en el que recogía las denuncias de que varios hospitales nicaragüenses habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud”, se lee en el informe. Debido a una de esas negligencias falleció el 20 de abril Álvaro Conrado, un chico de apenas 15 años a quien dispararon en la garganta cuando distribuía agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Un estremecedor video lo muestra agonizando, mientras balbuceaba en su desesperación: “me duele respirar”. Esa frase se ha convertido en el lema de las manifestaciones en toda Nicaragua.

Otro de los médicos que denunció su despido es Julio Sánchez, cirujano general del Hospital Regional de Jinotepe, ciudad localizada a 32 kilómetros al sur de Managua, y que junto a su vecina Diriamba fue escenario de una de las peores masacres que ha sufrido Nicaragua en tiempos de paz: más de 20 personas fueron asesinadas en esas localidades por las huestes armadas de Ortega el 8 de julio. “Nosotros dimos atención médica a todos los heridos, incluso las autoridades del hospital dijeron que se sentían orgullosas porque estábamos del lado del pueblo”, explica Sánchez. “Nunca recibimos órdenes de no atender a los heridos”, aclara el médico, quien no esconde su sorpresa frente a una carta de despido que no le da ningún tipo de explicación. En Jinotepe fueron despedidos al menos 40 trabajadores de la sanidad pública. “Me reprimen por hacer cumplir el Juramento Hipocrático. Atendí a los heridos de ambos bandos”, aclara el médico.

A Sánchez le apena pensar que los puestos que han quedado libres tras la llamada “barrida” de las autoridades sanitarias puedan ser ocupados por personas sin suficiente preparación, que respondan más a intereses partidarios y lealtades a Ortega que a sus compromisos éticos y científicos. “No pueden reponer tan fácilmente la calidad ni la experiencia de estos médicos que han despedido”, afirma el especialista. A su lado asienten Gladys Jarquín y Javier Pastora, los médicos del HEODRA. “Es muy triste, doloroso, porque al ensañarse contra los médicos lo están haciendo también contra la población”, dice, apesadumbrado, el exjefe de cirugía del hospital más importante de León, hermosa ciudad colonial de Nicaragua.

En el HEODRA las autoridades no dan explicaciones por los despidos del personal médico. La directora de hospital, Judith Lejarza Vargas, no atendió las llamadas a su teléfono móvil y en el centro dijeron que no estaba disponible. Tampoco hubo respuesta en la dirección de recursos humanos. La persona que atendió la consulta telefónica –y que no se identificó– se excusó con un lacónico "no puedo dar información". Tampoco hubo una respuesta del Ejecutivo nicaragüense a las consultas hechas directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien controla la comunicación oficial del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 21 de mayo –tras una visita a Nicaragua– un informe en el que recogía las denuncias de que varios hospitales nicaragüenses habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud”, se lee en el informe. Debido a una de esas negligencias falleció el 20 de abril Álvaro Conrado, un chico de apenas 15 años a quien dispararon en la garganta cuando distribuía agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Un estremecedor video lo muestra agonizando, mientras balbuceaba en su desesperación: “me duele respirar”. Esa frase se ha convertido en el lema de las manifestaciones en toda Nicaragua.

Otro de los médicos que denunció su despido es Julio Sánchez, cirujano general del Hospital Regional de Jinotepe, ciudad localizada a 32 kilómetros al sur de Managua, y que junto a su vecina Diriamba fue escenario de una de las peores masacres que ha sufrido Nicaragua en tiempos de paz: más de 20 personas fueron asesinadas en esas localidades por las huestes armadas de Ortega el 8 de julio. “Nosotros dimos atención médica a todos los heridos, incluso las autoridades del hospital dijeron que se sentían orgullosas porque estábamos del lado del pueblo”, explica Sánchez. “Nunca recibimos órdenes de no atender a los heridos”, aclara el médico, quien no esconde su sorpresa frente a una carta de despido que no le da ningún tipo de explicación. En Jinotepe fueron despedidos al menos 40 trabajadores de la sanidad pública. “Me reprimen por hacer cumplir el Juramento Hipocrático. Atendí a los heridos de ambos bandos”, aclara el médico.

A Sánchez le apena pensar que los puestos que han quedado libres tras la llamada “barrida” de las autoridades sanitarias puedan ser ocupados por personas sin suficiente preparación, que respondan más a intereses partidarios y lealtades a Ortega que a sus compromisos éticos y científicos. “No pueden reponer tan fácilmente la calidad ni la experiencia de estos médicos que han despedido”, afirma el especialista. A su lado asienten Gladys Jarquín y Javier Pastora, los médicos del HEODRA. “Es muy triste, doloroso, porque al ensañarse contra los médicos lo están haciendo también contra la población”, dice, apesadumbrado, el exjefe de cirugía del hospital más importante de León, hermosa ciudad colonial de Nicaragua.

En el HEODRA las autoridades no dan explicaciones por los despidos del personal médico. La directora de hospital, Judith Lejarza Vargas, no atendió las llamadas a su teléfono móvil y en el centro dijeron que no estaba disponible. Tampoco hubo respuesta en la dirección de recursos humanos. La persona que atendió la consulta telefónica –y que no se identificó– se excusó con un lacónico "no puedo dar información". Tampoco hubo una respuesta del Ejecutivo nicaragüense a las consultas hechas directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien controla la comunicación oficial del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 21 de mayo –tras una visita a Nicaragua– un informe en el que recogía las denuncias de que varios hospitales nicaragüenses habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud”, se lee en el informe. Debido a una de esas negligencias falleció el 20 de abril Álvaro Conrado, un chico de apenas 15 años a quien dispararon en la garganta cuando distribuía agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Un estremecedor video lo muestra agonizando, mientras balbuceaba en su desesperación: “me duele respirar”. Esa frase se ha convertido en el lema de las manifestaciones en toda Nicaragua.

Otro de los médicos que denunció su despido es Julio Sánchez, cirujano general del Hospital Regional de Jinotepe, ciudad localizada a 32 kilómetros al sur de Managua, y que junto a su vecina Diriamba fue escenario de una de las peores masacres que ha sufrido Nicaragua en tiempos de paz: más de 20 personas fueron asesinadas en esas localidades por las huestes armadas de Ortega el 8 de julio. “Nosotros dimos atención médica a todos los heridos, incluso las autoridades del hospital dijeron que se sentían orgullosas porque estábamos del lado del pueblo”, explica Sánchez. “Nunca recibimos órdenes de no atender a los heridos”, aclara el médico, quien no esconde su sorpresa frente a una carta de despido que no le da ningún tipo de explicación. En Jinotepe fueron despedidos al menos 40 trabajadores de la sanidad pública. “Me reprimen por hacer cumplir el Juramento Hipocrático. Atendí a los heridos de ambos bandos”, aclara el médico.

A Sánchez le apena pensar que los puestos que han quedado libres tras la llamada “barrida” de las autoridades sanitarias puedan ser ocupados por personas sin suficiente preparación, que respondan más a intereses partidarios y lealtades a Ortega que a sus compromisos éticos y científicos. “No pueden reponer tan fácilmente la calidad ni la experiencia de estos médicos que han despedido”, afirma el especialista. A su lado asienten Gladys Jarquín y Javier Pastora, los médicos del HEODRA. “Es muy triste, doloroso, porque al ensañarse contra los médicos lo están haciendo también contra la población”, dice, apesadumbrado, el exjefe de cirugía del hospital más importante de León, hermosa ciudad colonial de Nicaragua.

En el HEODRA las autoridades no dan explicaciones por los despidos del personal médico. La directora de hospital, Judith Lejarza Vargas, no atendió las llamadas a su teléfono móvil y en el centro dijeron que no estaba disponible. Tampoco hubo respuesta en la dirección de recursos humanos. La persona que atendió la consulta telefónica –y que no se identificó– se excusó con un lacónico "no puedo dar información". Tampoco hubo una respuesta del Ejecutivo nicaragüense a las consultas hechas directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien controla la comunicación oficial del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 21 de mayo –tras una visita a Nicaragua– un informe en el que recogía las denuncias de que varios hospitales nicaragüenses habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud”, se lee en el informe. Debido a una de esas negligencias falleció el 20 de abril Álvaro Conrado, un chico de apenas 15 años a quien dispararon en la garganta cuando distribuía agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Un estremecedor video lo muestra agonizando, mientras balbuceaba en su desesperación: “me duele respirar”. Esa frase se ha convertido en el lema de las manifestaciones en toda Nicaragua.

Otro de los médicos que denunció su despido es Julio Sánchez, cirujano general del Hospital Regional de Jinotepe, ciudad localizada a 32 kilómetros al sur de Managua, y que junto a su vecina Diriamba fue escenario de una de las peores masacres que ha sufrido Nicaragua en tiempos de paz: más de 20 personas fueron asesinadas en esas localidades por las huestes armadas de Ortega el 8 de julio. “Nosotros dimos atención médica a todos los heridos, incluso las autoridades del hospital dijeron que se sentían orgullosas porque estábamos del lado del pueblo”, explica Sánchez. “Nunca recibimos órdenes de no atender a los heridos”, aclara el médico, quien no esconde su sorpresa frente a una carta de despido que no le da ningún tipo de explicación. En Jinotepe fueron despedidos al menos 40 trabajadores de la sanidad pública. “Me reprimen por hacer cumplir el Juramento Hipocrático. Atendí a los heridos de ambos bandos”, aclara el médico.

A Sánchez le apena pensar que los puestos que han quedado libres tras la llamada “barrida” de las autoridades sanitarias puedan ser ocupados por personas sin suficiente preparación, que respondan más a intereses partidarios y lealtades a Ortega que a sus compromisos éticos y científicos. “No pueden reponer tan fácilmente la calidad ni la experiencia de estos médicos que han despedido”, afirma el especialista. A su lado asienten Gladys Jarquín y Javier Pastora, los médicos del HEODRA. “Es muy triste, doloroso, porque al ensañarse contra los médicos lo están haciendo también contra la población”, dice, apesadumbrado, el exjefe de cirugía del hospital más importante de León, hermosa ciudad colonial de Nicaragua.

En el HEODRA las autoridades no dan explicaciones por los despidos del personal médico. La directora de hospital, Judith Lejarza Vargas, no atendió las llamadas a su teléfono móvil y en el centro dijeron que no estaba disponible. Tampoco hubo respuesta en la dirección de recursos humanos. La persona que atendió la consulta telefónica –y que no se identificó– se excusó con un lacónico "no puedo dar información". Tampoco hubo una respuesta del Ejecutivo nicaragüense a las consultas hechas directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien controla la comunicación oficial del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 21 de mayo –tras una visita a Nicaragua– un informe en el que recogía las denuncias de que varios hospitales nicaragüenses habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud”, se lee en el informe. Debido a una de esas negligencias falleció el 20 de abril Álvaro Conrado, un chico de apenas 15 años a quien dispararon en la garganta cuando distribuía agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Un estremecedor video lo muestra agonizando, mientras balbuceaba en su desesperación: “me duele respirar”. Esa frase se ha convertido en el lema de las manifestaciones en toda Nicaragua.

Otro de los médicos que denunció su despido es Julio Sánchez, cirujano general del Hospital Regional de Jinotepe, ciudad localizada a 32 kilómetros al sur de Managua, y que junto a su vecina Diriamba fue escenario de una de las peores masacres que ha sufrido Nicaragua en tiempos de paz: más de 20 personas fueron asesinadas en esas localidades por las huestes armadas de Ortega el 8 de julio. “Nosotros dimos atención médica a todos los heridos, incluso las autoridades del hospital dijeron que se sentían orgullosas porque estábamos del lado del pueblo”, explica Sánchez. “Nunca recibimos órdenes de no atender a los heridos”, aclara el médico, quien no esconde su sorpresa frente a una carta de despido que no le da ningún tipo de explicación. En Jinotepe fueron despedidos al menos 40 trabajadores de la sanidad pública. “Me reprimen por hacer cumplir el Juramento Hipocrático. Atendí a los heridos de ambos bandos”, aclara el médico.

A Sánchez le apena pensar que los puestos que han quedado libres tras la llamada “barrida” de las autoridades sanitarias puedan ser ocupados por personas sin suficiente preparación, que respondan más a intereses partidarios y lealtades a Ortega que a sus compromisos éticos y científicos. “No pueden reponer tan fácilmente la calidad ni la experiencia de estos médicos que han despedido”, afirma el especialista. A su lado asienten Gladys Jarquín y Javier Pastora, los médicos del HEODRA. “Es muy triste, doloroso, porque al ensañarse contra los médicos lo están haciendo también contra la población”, dice, apesadumbrado, el exjefe de cirugía del hospital más importante de León, hermosa ciudad colonial de Nicaragua.

En el HEODRA las autoridades no dan explicaciones por los despidos del personal médico. La directora de hospital, Judith Lejarza Vargas, no atendió las llamadas a su teléfono móvil y en el centro dijeron que no estaba disponible. Tampoco hubo respuesta en la dirección de recursos humanos. La persona que atendió la consulta telefónica –y que no se identificó– se excusó con un lacónico "no puedo dar información". Tampoco hubo una respuesta del Ejecutivo nicaragüense a las consultas hechas directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien controla la comunicación oficial del Estado.

Carlos Salinas: elpais.com