Susana Villarán está acusada por el Equipo Especial Lava Jato de haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht
Raúl Vence | septiembre 16, 2022
LIMA:Los políticos más importantes de Perú, entre ellos todos los expresidentes desde 2001 y dos candidatas a la presidencia, han sido cercados por las pruebas que ha obtenido el Ministerio Público contra ellos al investigar las ramificaciones del caso Odebrecht.
Alejandro Toledo se fugó del país, Alan García buscó asilo y meses más tarde se suicidó, Ollanta Humala tiene comparecencia restringida, Pedro Pablo Kuczynski cumple detención domiciliaria, Keiko Fujimori está bajo arresto preventivo desde octubre en una prisión para mujeres. A esa misma cárcel ha llegado Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, a quien el Equipo Especial de fiscales Lava Jato le imputa cargos de corrupción y lavado de dinero por recibir unos 10 millones de dólares de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar dos campañas publicitarias.
De las 40 pesquisas que lleva el Equipo Especial Lava Jato, la de Villarán posee abundantes pruebas, por ello, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz dispuso el martes un año y medio de prisión preventiva para la exfuncionaria, proyectando que el tiempo entre acusación y juicio oral no excederá ese plazo.
Chávez sostuvo que el arresto preventivo es la única forma de evitar que Villarán obstruya las investigaciones pendientes por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de dinero.
Se ha advertido en la imputada Susana Villarán peligro de obstaculización y ocultamiento de prueba, y se ha encontrado un comportamiento continuo de faltamiento a la verdad”, señaló el magistrado.
De acuerdo con documentación y testimonios de varios colaboradores, entre ellos los exdirectores ejecutovos en Perú de Odebrecht y OAS, Villarán y el entonces gerente municipal, José Miguel Castro, solicitaron a las constructoras financiamiento para una campaña destinada a evitar la destitución de la alcaldesa en 2013 y para la campaña por su reelección en 2014.
Ambas empresas eran concesionarias de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Odebrecht tenía la obra Vías Nuevas de Lima y OAS, la Línea Amarilla. Las compañías habían renegociado a su favor, con la administración Villarán, los montos de los peajes en dichas vías. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha informado este miércoles que convocaría a una sesión con los regidores para plantear la nulidad de dichos peajes.
Durante más de un año, en los interrogatorios ante los fiscales Lava Jato y en declaraciones a la prensa, Villarán y el exgerente municipal negaron haber recibido fondos de las constructoras brasileñas. El sábado, sin embargo, Villarán declaró a una radio de Lima que siempre supo que los cuatro millones de dólares con los que pagó la campaña en contra de su destitución procedían de esas compañías.
En la audiencia del martes, la fiscal Ángela Zuloaga, que sustentó la petición de arresto de Villarán y del exgerente municipal, sostuvo que la exalcaldesa solo reconoció haber recibido cuatro de los diez millones de dólares que habrían llegado a Perú vía los intermediarios brasileños que transportaban los dólares. Zuloaga agregó que los exfuncionarios de la Municipalidad podrían haberse quedado con parte del dinero. Esa parte de la investigación está pendiente.
Villarán asumió como alcaldesa en enero de 2011 con el partido Fuerza Social, ha sido una de los dos únicos regidores de izquierdas de Lima Metropolitana.
La expolítica reconoció su culpabilidad cuando supo que su exgerente municipal decidió presentarse ante los fiscales Lava Jato como colaborador.
