La PGR los acusa de asociación delictiva, motín y tentativa de homicidio
| noviembre 23, 2014
La Procuraduría General de la República (PGR, la fiscalía) ha confirmado este sábado que trasladó a prisión a once jóvenes acusados de participar en los disturbios del pasado 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México en el colofón de una nutrida protesta que exigió justicia por los 43 estudiantes víctimas de la matanza en Iguala. Los detenidos, ocho hombres y tres mujeres, han sido imputados por asociación delictiva, motín y tentativa de homicidio y enfrentarán sus procesos tras las rejas.
Activistas de derechos humanos han mostrado su preocupación por el mensaje que las autoridades han dado con la consignación. Los hombres, entre ellos un ciudadano chileno, han sido enviados a una cárcel de alta seguridad en Veracruz, en el golfo de México. Las mujeres han sido recluidas en el penal femenil de Nayarit, en el noroeste de México.
Por más gente que manden a prisión el Gobierno tendrá que decir dónde están los 43 normalistas
Jesús Robles, abogado
“Es casi un hecho el que no se cumplirá el debido proceso de los detenidos”, ha señalado a este periódico el abogado Jesús Robles, que ha auxiliado en la defensa de otros manifestantes detenidos en protestas anteriores. Robles afirma que solo “dos o tres” de los presuntos alborotadores pudieron declarar ante el ministerio público con un abogado que no fuera de oficio. “Las autoridades no anunciaron el traslado de los acusados”, agrega.
Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los más prominentes integrantes de la izquierda mexicana, ha solicitado la liberación de los jóvenes “arbitrariamente” detenidos y enviados a cárceles de máxima seguridad, “donde evidentemente no corresponden”, ha dicho en un vídeo. El fundador del PRD ha pedido al Estado que corrija esta situación.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ha sido la encargada de ejercer acción penal contra los detenidos. La SEIDO es un polémico brazo de la fiscalía que durante la presidencia de Felipe Calderón fue cuestionado por fabricar culpables y chivos expiatorios en la guerra contra el narcotráfico.
A la fiscalía parece preocuparle esta reputación. A través de un comunicado afirmó que desde el momento de la detención del chileno Laurence Maxwell “se le hizo saber sus derechos” y se informó al consulado para “que le brindara asistencia”. El canciller del Gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, ha confirmado la versión de las autoridades mexicanas.
El ministro Muñoz dijo que Maxwell, un estudiante de 47 años matriculado en el doctorado en Letras de la Universidad Nacional, había afirmado ante su cónsul en México que asistió a la marcha en bicicleta, pero rechazó su participación en los choques con la Policía Federal. El jueves, poco después de los disturbios, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, afirmó en un informativo que el extranjero había sido uno de los “más violentos” manifestantes. Maxwell fue dirigente estudiantil en Santiago en la década de los ochenta.
