| noviembre 11, 2017
BARCELONA: La decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de dejar en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de la Cámara después de que acataran la Constitución y renunciaran a las vías ilegales para lograr la independencia de Cataluña ha abierto una rendija de esperanza a los exconsejeros de la Generalitat encarcelados por rebelión, sedición y malversación de fondos.
Los exmiembros del Govern sopesan con sus abogados pedir una nueva comparecencia ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien el pasado 2 de noviembre les envió a prisión, según fuentes de las defensas. En esa declaración, a la que tienen derecho todos los imputados siempre que lo pidan, los exconsellers que no se han fugado a Bélgica con el expresident Carles Puigdemont, tendrían la oportunidad de expresar su sometimiento a la Constitución.
Una manifestación de rechazo a las vías unilaterales para lograr la secesión podría reducir, a ojos de la juez, el riesgo de reiteración delictiva, uno de los criterios por los que la magistrada decretó su ingreso en prisión incondicional. Con ello, aumentarían las posibilidades de recuperar la libertad mientras se investiga la causa. Sin embargo, esa línea de defensa tiene un evidente coste político para los líderes independentistas: supondría abjurar de un proceso independentista que, saltándose la Constitución, ha movilizado a millones de catalanes desde 2012. Y todo ello en medio de la campaña electoral para las autonómicas del 21 de diciembre.
Son los consejeros los que deben decidir y evaluar el precio político que pueden pagar”, asumen fuentes de la defensa. El debate está encima de la mesa tanto entre los consejeros del PDeCAT como entre los de Esquerra.
Los miembros de la Mesa aseguraron al magistrado del Supremo Pablo Llarena que la declaración de independencia votada el 27 de octubre tuvo un carácter “simbólico”, “declarativo” o solamente “político” y sin efectos jurídicos. Algunos avanzaron su renuncia a la actividad política y otros descartaron a partir de ahora “cualquier actuación fuera del marco constitucional”. Sus promesas de que cumplirán con la ley fueron incluso más vehementes cuando los fiscales solicitaron para ellos prisión incondicional, lo que el juez Llarena rebajó a libertad bajo fianza.
Su declaración ante el Supremo contrastó con la prestada el 2 de noviembre por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y los exconsellers no huidos a Bélgica. Todos salvo Santi Vila, que aceptó las preguntas de la juez Lamela y el fiscal, optaron por contestar solo a su abogado y se limitaron a decir que su actuación fue pacífica. Todos menos Vila acabaron en prisión incondicional. Los diputados que declararon el jueves en el Supremo llevaban esa declaración presente: “Les dijimos que, si queríamos que el Supremo decidiera algo distinto, tendríamos que ofrecerle también algo distinto”, explica uno de los abogados que pergeñó la estrategia ante el alto tribunal.
El jueves, varios de los exconsellers encarcelados, todos ellos del PDeCAT, cambiaron de abogado. Jordi Turull, Jordi Rull, Meritxell Borràs y Joaquim Forn dejaron los servicios del procesalista Jaume Alonso-Cuevillas —abogado de Puigdemont— y contrataron a los penalistas Jordi Pina, Cristóbal Martell y Xavier Melero.
Jesús García/ Fernando J. Pérez :elpais.com
