| enero 31, 2016
En un país tan ceremonioso como México, el nacimiento del trigésimo segundo Estado de la Unión fue presentado con los mayores honores. El propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, escenificó el alumbramiento en el imponente Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo. En un acto cuajado de autoridades, sobre el mismo solar que vio pasar a Moctezuma y Hernán Cortés, el mandatario rubricó la reforma y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación. “Así se escribe la historia; con el triunfo de los habitantes de la ciudad. Hoy culminamos un debate que se inició con la Constitución de 1824. Este es el corazón de nuestro país”, declaró Peña Nieto.
La ceremonia no sólo da carta de naturaleza al cambio de estatuto de la capital, sino que supone el arranque de un vertiginoso proceso. A partir de la promulgación de la norma, el Instituto Nacional Electoral tiene 15 días para emitir la convocatoria para la elección de los diputados constituyentes. Los comicios se celebrarán el 5 de junio y la Asamblea tendrá que formarse el 15 de septiembre. Sesenta diputados serán por elección directa y otros 40 se decidirán por designación. La tarea de esta Cámara extraordinaria consistirá en aprobar la Constitución Política de la nueva entidad antes del 1 de febrero de 2017. Acto seguido, se disolverá.
Con este paso, culminará un largo proceso de lucha política. Durante décadas la capital fue un mero apéndice del poder presidencial. Pero la tensión generada por las necesidades de una megalópolis cuyo poderío demográfico y financiero no tenía rival en el país, fue abriendo una brecha en este control y logrando parcelas cada vez mayores de autonomía. Este proceso dio un paso de gigante en 1997 cuando la ciudad celebró por primera vez elecciones al cargo de jefe del Gobierno del Distrito Federal. El avance amplió el escenario de gestión, pero no logró apagar los deseos de una mayor autonomía.
El corte competencial nunca fue limpio y el pulso entre poder central y el Gobierno capitalino, siempre en manos de la izquierda, se convirtió desde entonces en una constante de la que sacaron provecho pesos pesados como Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, y el dos veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. La última y más importante reforma, paradójicamente, no ha cristalizado hasta la llegada a la jefatura capitalina de Miguel Ángel Mancera, un político con excelentes relaciones con el presidente Enrique Peña Nieto.
El nuevo diseño eleva a la megaurbe en el tablero político mexicano. El jefe del Gobierno tendrá poderes de gobernador, y derechos como el aborto y el matrimonio homosexual quedarán blindados por la Constitución estatal. Aún así, la autonomía no será plena. La Ciudad de México, a diferencia de otros Estados, no podrá decidir el techo de endeudamiento, su jefe de policía podrá ser revocado por el presidente y no asumirá las competencias en salud y educación.
Pese a estas limitaciones, las encuestas muestran que el apoyo al cambio es mayoritario. Donde no hay tanto consenso es en la elección elección del gentilicio. Aunque los sondeos indican una gran preferencia por el de capitalinos (50%), en la liza también han entrado los términos de mexiqueños, chilangos, defeños y mexicanos. Las autoridades aún no se han decidido, y la confusión ha dado pie a un vendaval de humor en las redes sociales, con gentilicios como manceros, tenochtitlacanos, AMLOsajones, traficalinos o cedemitas.
