La Conferencia Episcopal afirma que se debe revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz, para lograr una auténtica democracia»
| mayo 5, 2018
MANAGUA: El cuerpo de Nelson Téllez Huete, de 35 años, fue sepultado la tarde del jueves en Ciudad Sandino, localidad de Managua azotada por la pobreza, en un acto familiar cargado de dolor e indignación. Téllez murió en un hospital de la capital el 2 de mayo como consecuencia de heridas de bala que sufrió el 20 de abril, uno de los días más cruentos de la violencia que azotó Nicaragua.
Se convirtió en la víctima número 46 de la represión desatada por el Gobierno de Daniel Ortega contra las manifestaciones que exigen el fin del régimen. Horas antes de los funerales de Téllez, el cardenal Leopoldo Brenes leyó un comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en el que exigía al Gobierno esclarecer a "fondo” lo que los obispos denominaron como “dolorosas muertes sufridas durante las manifestaciones universitarias".
El presidente Ortega no se ha pronunciado sobre la represión y mantiene silencio sobre la cifras de muertos registradas por las organizaciones de derechos humanos, que siguen recibiendo denuncias de familiares que exigen justicia ante lo que califican como una "matanza". El número de fallecidos puede ir en aumento debido a la cantidad de heridos de balas que todavía luchan por su vida en los hospitales de Managua.
Las principales cámaras empresariales del país también emitieron un comunicado la noche del jueves en el que exigen una “investigación independiente y creíble”, para que “ponga ante la justicia a los responsables de los crímenes” ocurridos durante las protestas. Exigen, además, “reformas institucionales” la independencia de los poderes del Estado y “la eliminación de la corrupción” en Nicaragua. Los empresarios dijeron que tenían "confianza" y respaldaban el trabajo de la Conferencia Episcopal en su papel como mediadora del llamado diálogo nacional.
"Es fundamental reconstruir el estado de derecho, dentro del marco institucional establecido por la Constitución y las Leyes para responder pacífica y democráticamente a las demandas socilales, políticasm jurídicas y económicas de todos los sectores de la sociedad", dijeron los empresarios.
Los obispos hicieron un llamado a los estudiantes universitarios a organizarse “lo más pronto posible” y a que definan una agenda de exigencias para presentar en el diálogo del que la Iglesia Católica funge como mediadora. Los estudiantes presentaron un ultimátum al gobierno de Ortega para que permita el ingreso al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigara las denuncias de represión durante las manifestaciones.
El Gobierno ha rechazado la visita de la CIDH al país. Sin embargo la organización informó este jueves que instalaron una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) “con el objeto de dar especial atención a la situación de derechos humanos en Nicaragua”.
La Conferencia Episcopal también fue clara al afirmar que el objetivo de una futura negociación con el Gobierno y otros sectores del país “debe de ser revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz, para lograr una auténtica democracia”, condicionando de esta manera su participación en el proceso. En un inicio Ortega había afirmado que ese diálogo debería centrarse en las reformas a la seguridad social, lo que desató hace tres semanas las protestas en Nicaragua.
Mientras tanto la violencia se mantenía en el país. La madrugada del jueves huestes del Gobierno y oficiales de la Policía Nacional atacaron la sede de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), denunciaron estudiantes atrincherados en el campus. Esa universidad es el bastión de la resistencia contra el régimen. Los universitarios informaron que había por lo menos cinco heridos.
Este ataque muestra la intención del Gobierno de no cesar la violencia, a pesar de que tanto la Iglesia, los empresarios, como los estudiantes han exigido un cese a la represión para sentarse en una mesa de diálogo para buscar una salida a la profunda crisis que vive el país. Las manifestaciones se mantenían en la capital, León –importante ciudad turística del oeste de Nicaragua– y Masaya, localizada a 30 kilómetros de Managua. En la capital fue derribado la noche del miércoles el noveno “Árbol de la Vida”, estructuras de metal que son el símbolo del poder de Ortega y cuya caída representan para los manifestantes un triunfo frente hasta lo que hace unas semanas parecía un poder intocable.
Carlos Salinas: elpaís.com
