Puigdemont sobre los encarcelamientos: “Es un golpe contra las elecciones del día 21 de diciembre”

Furibunda reacción del autoproclamado Gobierno legítimo de la Generalitat. “El Estado español embiste con una furia desbocada y lo amenaza todo”, ha dicho la noche del jueves Carles Puigdemont desde Bruselas, en un mensaje emitido por la televisión autonómica TV3. El expresidente ha exigido la “liberación inmediata” de sus exconsejeros y ha hecho un llamamiento a “combatir” ese “ataque” sin violencia. El encarcelamiento del vicepresidente Oriol Junqueras y los consejeros que se presentaron ante la Audiencia supone "un golpe contra la selecciones del 21-D", según el expresidente catalán. La fiscalía ha iniciado este jueves los trámites para emitir la orden internacional de busca y captura contra Puigdemont, que huyó a Bruselas el pasado lunes con el objetivo declarado de internacionalizar su juicio y rechazar cualquier orden de extradición que proceda de España.

Más de la mitad del Gobierno de Puigdemont ya está en la cárcel. La otra mitad, desplazada a la capital belga, reacciona anoche con duras palabras contra la decisión de la juez de meter en prisión a ocho exconsejeros: el expresidente ha calificado de “gravísimo atentado contra la democracia” el encarcelamiento “por sus ideas” de varios miembros de su Ejecutivo, cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “El Gobierno español renuncia al diálogo y opta por la violencia policial del 1-O y el encarcelamiento”, ha afirmado antes de tildar esa medida de “golpe contra las elecciones del 21-D”. En un tono de lo más agitado, ha reclamado “la liberación de los consejeros y el vicepresidente”, ha acusado al Estado de “situarse fuera del Estado de derecho” y ha añadido que el desafío independentista “ya no es un asunto interno español” para reclamar a la Unión Europea que actúe “y se dé cuenta del peligro que representan estas actitudes”.

La estrategia jurídica de Puigdemont pasa por luchar contra cualquier orden de extradición. Pero esa orden ya está cerca del buzón: nada más terminar la declaración de los ocho exconsejeros, y tras confirmarse que Puigdemont y los cuatro miembros de su Gobierno habían optado por quedarse en Bélgica, el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha iniciado los trámites para su busca y captura. El representante del ministerio público pide a la juez Carmen Lamela que envíe a las autoridades judiciales de Bruselas las correspondientes Órdenes Europeas de Detención.

El fiscal Carballo, en su escrito, constata que se han realizado “reiterados intentos de entregar la citación en el domicilio” del expresidente catalán y el resto de querellados ausentes. También resultaron infructuosas las “llamadas telefónicas”, a las que “se ha hecho caso omiso”, señala.

La magistrada Lamela, ocupada en redactar los autos de prisión de Oriol Junqueras y los ocho exconsellers que sí acudieron a la citación, no tuvo tiempo de emitir la orden europea de detención, según fuentes jurídicas. Estas órdenes, según la normativa belga, deben estar redactadas en inglés o en cualquiera de las tres lenguas oficiales de ese país (francés, holandés y alemán). Para activarlas es necesario que el juez español haya dictado una orden de prisión contra la persona requerida. Además, para lanzar esta orden es preciso que la Fiscalía lo reclame previamente.

Esta euroorden de arresto la entrega el juez a la Policía Nacional, que a través de la llamada Oficina Sirene, de cooperación técnica entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, la remite a la oficina homóloga de la policía belga. Este mecanismo supone ya la detención del buscado y su puesta a disposición de un juez belga.

Pero eso no ha sucedido aún: Puigdemont sigue en un lugar indeterminado de Bélgica. Ha reaparecido ante las cámaras en lo que parecía la habitación de un hotel, y para dejar un mensaje mucho menos institucional que en el pasado. Con un aire de presidente fugitivo, un tono cada vez más airado y con varios folios en una mano, ha leído un duro comunicado que se enmarca dentro de su deseo de internacionalizar el proceso judicial. Junto a las soflamas cargadas de épica —“entre barrotes, mi Gobierno es infinitamente más libre que sus ilusos carceleros”— ha dejado varias cargas de profundidad contra la democracia y el sistema judicial español. La Generalitat en el exilio ha puesto en marcha el ventilador de las sospechas: la prisión para los exconsejeros supondrá que el 21-D “se desarrolle en un clima de represión sin precedentes”. El procés entra en una nueva fase; una de las claves puede ser la respuesta callejera tras esas duras palabras y la cárcel para medio Govern.

LÍDERES DE FLANDES Y ESCOCIA CRITICAN LA DECISIÓN JUDICIAL

Silencio en las instituciones europeas y ruido de sables en Flandes, el bastión separatista belga. La decisión de la justicia española hizo ayer que el presidente de la región belga de Flandes, el nacionalista Geert Bourgeois, dejara a un lado el bajo perfil que venía manteniendo desde la llegada de Carles Puigdemont a Bélgica. “Encerrar a líderes democráticamente elegidos es ir demasiado lejos”, criticó.

El político, cercano al expresidente de la Generalitat, al que recibió en su primer viaje oficial al exterior, ha aparcado ese bajo perfil y su comentario puede ir acompañado de una catarata de reacciones que puede poner en riesgo la estabilidad del Ejecutivo belga. La continuidad del Gobierno depende de un frágil equilibrio entre tres partidos flamencos, uno de ellos el nacionalista N-VA, el partido más votado de Bélgica.

Junto a ellos está la formación liberal francófona del primer ministro Charles Michel. Este imploró ayer a sus ministros que guarden silencio sobre la cuestión catalana ante el temor de abrir una crisis. La compleja arquitectura política belga ha dejado a Michel entre la espada y la pared. Por un lado, trata de evitar un nuevo roce diplomático con España y, por el otro, tiene la presión de su principal socio de gobierno, tradicional aliado de Puigdemont.

En la misma línea que Bourgeois se expresó la líder escocesa Nicola Sturgeon. “Todos los demócratas deberían condenar el encarcelamiento de líderes electos”, dijo. En la escena europea, la responsable de Los Verdes en el Parlamento, Ska Keller, fue una de las primeras en pronunciarse: “¿Cuándo entenderá Rajoy que es una crisis política y no judicial?”, lamentó.

Claudi Pérez: elpais.com