La tabacalera demandó al país sudamericano por su política anti tabaco, una medida pionera en América Latina.
| abril 16, 2014
Uruguay se encuentra en una situación impensable para muchos: Philip Morris ha logrado sacarle ventaja en un juicio planteado por la tabacalera en el 2010, cuando el Gobierno de Montevideo implementó una ambiciosa ley anti tabaco, pionera en América Latina.
Ahora el presidente José Mujica pedirá ayuda a su homólogo estadounidense, Barack Obama, para salir de un entuerto jurídico que podría costarle a la pequeña economía local 2.000 millones de dólares, además de parte de su credibilidad en materia de inversiones .
Philip Morris, propietario de las marcas Marlboro y L&M, consiguió que los jueces del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, aceptara sus argumentos, según los cuales Uruguay incumplió el tratado de inversiones que había firmado con Suiza en 1988. La sede de la tabacalera está en Lausana.
Los abogados de las multinacional presentaron la legislación anti tabaco uruguaya como una violación de la propiedad intelectual, argumento que inesperadamente el CIADI aceptó en julio del 2013, algo sin precedentes en la justicia internacional.
Philip Morris considera que la decisión uruguaya de que el 80% de las cajetillas de tabaco lleven mensajes de advertencia atenta contra la visibilidad de su marca. El Gobierno de Montevideo además exigió que hubiera una única presentación por venta para que los consumidores no piensen que una variedad es menos dañina que otra. De este modo Philip Morris tuvo que sacar del mercado siete de sus doce productos, los denominados “Blue”, “Gold”, “Green” o “Ligth”, entre otros. La empresa asimila la ley uruguaya a una expropiación de una inversión de origen suizo.
El ex presidente Tabaré Vázquez, cancerólogo y precursor de la reforma legislativa, ya había advertido en 2010 que la tabacalera “no ahorrará recursos para lograr su objetivo”. Vázquez, favorito de cara a las presidenciales de este año, denunció entonces que el objetivo de la empresa era “darle un escarmiento a Uruguay e intimidar a otros países que sigan su rumbo”.
En estos años de audiencias Uruguay ha recibido el apoyo del gobierno de Suiza, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las ONGs de lucha contra el tabaco, varias de ellas estadounidenses.
Este martes las dos cancillerías anunciaron en Montevideo que uno de los temas que tratarán Mujica y Obama el próximo 12 de mayo en la Casa Blanca será la salida al contencioso.
El Gobierno de Uruguay calcula que el contencioso se prolongará por tres años más y ha decidido cambiar de estrategia. Relevará al equipo de abogados especializados que lo representaban hasta ahora y tratará de reunir un equipo de especialistas que incluya primeras figuras de organismos internacionales de salud.
En este contexto, el apoyo de Obama sería de gran interés para el pequeño país latinoamericano, decidido a construir un lobby (grupo de presión) internacional a favor de su causa.
Una causa en el que Uruguay tiene un solo argumento: la protección de la salud de sus ciudadanos. Según datos oficiales en el 2013 se detectó un retroceso del 10% del consumo de tabaco estudiado en un periodo de cinco años. De todos modos, 13 personas mueren cada día en Uruguay a causa de los cigarrillos.
