El Colectivo colombiano de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR), anunció que demandará a Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por mantener el asilo a la exdirectora de la central de inteligencia de Colombia, juzgada en el país andino por las escuchas ilegales.
El abogado del CAJAR, Luis Guillermo Pérez, señaló a los periodistas que tras la decisión del gobierno de Panamá, presidido por Ricardo Martinelli, "está comprometiendo la responsabilidad internacional del estado de Panamá". La demanda se hará efectiva el próximo 23 de marzo, en Washington, en el inicio de las sesiones de la CIDH.
"El Presidente Martinelli ha comprometido seriamente la responsabilidad internacional del Estado de Panamá y deberá rendirle cuentas por ello a su propio pueblo y a la comunidad internacional", señala CAJAR a través de su página electrónica.
Agregan que "el gobierno de Panamá ofende la institucionalidad colombiana, a la Justicia, a las víctimas de la persecución política que ejerciera el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) a través del DAS y a la sociedad colombiana en su conjunto".
Señalan que Cajar, que se constituyó en parte civil dentro de procesos por espionaje, escuchas y seguimientos ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, entregó al presidente Martinelli, pruebas de que Hurtado nunca fue perseguida política en Colombia, ni atacada, ni amenazada.
Hurtado tampoco pidió, dice el Colectivo, "la protección de la fuerza pública, probando que su refugio en Panamá no tuvo móvil distinto a evadir la acción de la justicia colombiana". Le recuerdan que los tratados sobre asilo obligan a no conceder "asilo a violadores de derechos humanos y en Panamá cursa una denuncia penal contra la señora Hurtado por crímenes de lesa humanidad".
Insisten en que las autoridades "canaleras" deben detener y procesar a Hurtado porque el asilo territorial "no es sinónimo de impunidad". Hurtado está asilada en Panamá desde noviembre de 2010, algo más de un año antes de que Colombia oficializara la petición de extradición.
La Cancillería panameña señaló a través de un documento que "ha analizado la documentación enviada y se ha determinado que la extradición no es viable de acuerdo con la legislación nacional y el Acuerdo Bilateral de Extradición".