| agosto 15, 2017
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), insta a la Asamblea Nacional a que realice todas las consultas necesarias con miras a llevar a cabo un debate "amplio e incluyente" del proyecto de ley que contempla rebajas del impuesto de inmueble a partir del 1 de enero de 2019.
"Consideramos, necesario que la discusión se dé con la mayor claridad, a fin de que todos los sectores puedan comprender mejor los objetivos e implicaciones de este proyecto. Es natural que exista cierto recelo actualmente en el sector empresarial, porque nos preocupa el impacto que dicha ley tendrá, como está concebida, sobre algunos sectores que son pilares de la economía del país entre ellos: construcción, financiero, energético, por mencionar algunos", señaló el gremio en un comunicado.
"Somos conscientes y estamos de acuerdo en que se debe ampliar la base contribuyente y, a la vez, mejorar la recaudación fiscal, para que el Gobierno Nacional cuente con los recursos necesarios para suministrar los servicios que está llamado a prestar, así como para que ejecute las obras y proyectos que lleva adelante. Dicho proceso debe llevarse adelante con prudencia a manera de evitar sobresaltos que pudiesen tener un impacto negativo sobre el ritmo de crecimiento de nuestra economía", remarcó la APEDE.
El gremio insta al gobierno a considerar reducir las tasas máximas propuestas de 0.9% y 1.25%, pues las mismas – si bien constituyen una disminución sobre las tasas actualmente en vigencia – seguirían siendo demasiado altas.
Igualmente, considera que, en lugar de crear un concepto de “Patrimonio Familiar Tributario” – el cual resulta confuso y potencialmente excluyente – el proyecto debe contemplar una mayor reducción a la tasa impositiva aplicable a todo inmueble que constituya una “Vivienda Principal”, indistintamente de que quienes en ella habiten se ajusten a nociones predeterminadas de lo que constituye una familia. Esto beneficiará de manera más amplia a las personas que se encuentran en la clase profesional y productiva del país, y evitará que haya discriminación, fueros o privilegios, cuya existencia sería incongruente con lo que establece nuestra Constitución Política.
"Reiteramos que necesitamos una fórmula y una metodología para los reavalúos que sea objetiva, predeterminada y, por ende, no esté sujeta a la discreción de funcionarios. Los actuales gobernantes, por más sinceros que sean al declarar su intención de no llevar a cabo reavalúos de oficio, no pueden garantizar que dicha intención sea compartida por quien ostente el poder a partir del 1 de julio de 2019. Crear desde ya una facultad discrecional con un potencial de impacto tan grande para los inmuebles cuyo uso sea distinto al de una vivienda principal, se prestaría para cometer actos de corrupción, los cuales rechazamos en cualquiera de sus formas", apuntó.
