El presidente de la República, Laurentino Cortizo, a inicios del mes de julio objetó parcialmente por inconveniente los artículos 3, 6, 8, 13, 21 y 22 y por inexequible los artículos 20 y 25 y devuelto a la Asamblea Nacional.
| agosto 3, 2022
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes en tercer debate el proyecto de ley 329, que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública, luego de acoger las recomendaciones hechas por el Órgano Ejecutivo que vetó parcialmente esta iniciativa impulsada por el diputado Gabriel Silva.
El proyecto fue aprobado con 56 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, a inicios del mes de julio objetó parcialmente por inconveniente los artículos 3, 6, 8, 13, 21 y 22 y por inexequible los artículos 20 y 25 y devuelto a la Asamblea Nacional.
En el veto se hizo énfasis en que la República de Panamá adoptó la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, y fue ratificada mediante Ley 42 de 1998, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante Resolución58/4 de 31 de octubre 2013, adoptada a través de la Ley No. 15 de 2005, la cual contempla normas, medidas y reglamentos, que pueden aplicar los Estados para reforzar su marco jurídico contra la corrupción.
En tal sentido, se indicó que es deber del Estado panameño adoptar medidas tendientes a robustecer el marco normativo existente, en atención a los compromisos adquiridos en las Convenciones anticorrupción suscritas y ratificadas, con la finalidad de que estos aspectos sean atendidos de manera integral, considerando las mejores prácticas existentes en el derecho comparado y observando todas las modalidades de conductas corruptas hasta ahora conocidas, tanto a novel local como internacional.
Al respecto, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, dio la viabilidad correspondiente al proyecto de Ley 329, aprobando el informe de objeción parcial por inconveniente e inexequible a la norma propuesta, la cual luego pasó al pleno para su aprobación final.
El diputado Gabriel Silva, proponente de la norma, dijo estar de acuerdo con las recomendaciones dadas por el Ejecutivo y, a la vez, dio una explicación de los 8 artículos que fueron vetados por el presidente de la República. Además, se mostró de acuerdo con las correcciones hechas por el grupo de asesores legislativos.
Calificó esta iniciativa como una herramienta esencial para combatir la corrupción y que los funcionarios velen por los intereses del país y no de sus propios intereses.
"Esperamos que el presidente Laurentino Cortizo lo firme, como se comprometió en campaña", puntualizó.
