Entre las quejas de los demandantes está la obligatoriedad de contratar un programa de computación e imponer un método de cobro.
| enero 3, 2022
Desde las 11:00 a.m. de este lunes, un grupo de asociaciones panameñas se apostó en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la ley de la facturación electrónica.
Entre las quejas de los demandantes está la obligatoriedad de contratar un programa de computación e imponer un método de cobro.
Según los demandantes, esta ley atenta contra los profesionales, artistas y artesanos panameños.
“El Estado no puede interferir en las profesiones liberales del país”, dijo el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.
Los profesionales que se reunieron la mañana de este lunes pidieron también a la administración del presidente Laurentino Cortizo la derogación de la Ley No. 256 de 26 de noviembre de 2021.
Esa norma modifica las medidas tributarias establecidas en la Ley No. 76 de 1976.
La Ley No. 256 entró en vigencia el pasado 1 de enero y establece que todo registro único de contribuyente deberá utilizar como medio de facturación el sistema de facturación electrónico de Panamá.
Araúz enfatizó que ninguno de ellos estaba promoviendo la irresponsabilidad tributaria. “Los profesionales contribuimos a este país firmemente porque son nuestros hijos y familiares que usan los servicios públicos”.
Añadió que el Estado tiene que “respetar el ejercicio de las profesiones liberales, de los artistas, de los artesanos y de quienes ejercen distintos oficios”.
