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Celia Moreno: ‘Hay políticos y gente de poder involucrados con el tráfico y comercio sexual infantil’

La ley es clara en advertir que ninguna institución o empresa vinculada a niños y adolescentes podrá contratar a personal que aparezca en el Registro Oficial de Ofensores Sexuales.

Todo empleador, público o privado que realice actividades relacionadas con niños o adolescentes deberá exigirle a las personas que contrate una certificación de “No ofensor sexual”, esto, luego de que entró en vigencia la ley 244 de 13 de octubre de 2021, que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales.

La ley obliga a todos los empleadores que realicen actividades artísticas, cultura, deportivas, religiosas, recreacionales o vinculadas a centros de enseñanzas públicos o privados a cumplir con este requisito antes de contratar algún personal.

La psicóloga y educadora, Celia Moreno analizó este martes la nueva ley, explicando que los ofensores sexuales son aquellos que delinquen, que son acusados o sentenciados con delitos contra la libertad e integridad sexual y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Indicó que estas personas que cometan ese tipo de delitos estarán registradas en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Se creará un formulario donde la persona podrá solicitar el certificado de “No ofensor sexual”.

“Si un ofensor sexual está condenado a seis años por un delito, va a aparecer seis años más en ese registro, o sea que estará por 12 años. Si el ofensor sexual atacó a un niño aparecerá tres veces el tiempo de condena, o sea, casi 18 años”, señaló.

Sin pepitas en la lengua, la educadora aseguró que “hay políticos y gente de poder que están involucrados con el tráfico y comercio sexual infantil, con la pederastia y aquí todo el mundo calla y nadie dice nada”, esto, haciendo alusión a esta nueva ley.

Recordó a los padres de familia que los niños son sujeto de derecho. “Tienen que aprender eso porque los padres pueden ser abusadores y si el niño no es sujeto de derecho entonces el padre puede hacer con ellos lo que les da la gana y no es así. El 80% del abuso sexual pasa en los hogares. El niño tiene que ser sujeto de derecho. Tú no puedes hacer con el ser humano lo que te dé la gana porque no es una cosa”, recalcó.

Haciendo alusión al tema del hogar y la familia, Moreno destacó que en nuestro país existen alrededor de 12 tipos de familia: las familias homoparentales donde la mamá y el papá son jefes de familia, familias extendidas donde viven los tíos, abuelos, etc, familias recompuestas que son personas divorciadas que se casan de nuevo, sin embargo, la iglesia no acepta estos conceptos.

A juicio de la psicóloga la iglesia solo hace referencia al tipo de familia nuclear, la cual no es la verdadera realidad de nuestro país. “Estamos inculcando esa creencia de que solo hay una buena familia que es la nuclear. Los tipos de familia donde hay amor y cuidados allí hay una buena familia”, apuntó.

Cabe destacar que esta norma rige también para los conductores y propietarios de buses colegiales, quienes deberán presentar el certificado de “No Ofensor Sexual” a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) antes de recibir un cupo para efectuar esta actividad.

El empleador que no cumpla con esta exigencia podría ser sancionado con multas que van desde $5 mil hasta $10 mil, independientemente de las sanciones administrativas, penales y civiles que se deriven de su conducta.

Los extranjeros que deseen trabajar en una de las actividades antes señaladas deberán aportar además su récord policivo.

Los garantes del cumplimiento de esta disposición que habla sobre Ofensores Sexuales son los ministerios de Trabajo, Educación, Gobierno, Desarrollo Social, además de la Senniaf y Pandeportes.

La ley es clara en advertir que ninguna institución o empresa vinculada a niños y adolescentes podrá contratar a personal que aparezca en el Registro Oficial de Ofensores Sexuales.

El Gabinete de Archivos e Identificación Personal omitirá informarle al empleador cualquier otro dato que aparezca sobre la persona, a menos que sea solicitada por autoridad competente. Para los funcionarios del Ministerio Público y la Policía no habrá ningún tipo de restricciones.