Nosotros no somos criminales ni estafadores, ni una ‘pirámide’ (empresa ilegal captadora de dinero)».
| noviembre 19, 2008
BOGOTA La comercializadora colombiana DMG que el gobierno cerró por sospechas de captar dinero ilegalmente y de lavar activos del narcotráfico con el pago de altos rendimientos, rechazó este martes las acusaciones y lanzó una oferta de conciliación que fue rechazada por éste.
"Nosotros no somos criminales ni estafadores, ni una ‘pirámide’ (empresa ilegal captadora de dinero)", aseguró desde Panamá a la radio Caracol de Bogotá David Murcia, fundador y representante de la empresa que ofrece rendimientos de hasta 150%.
Según Murcia, el cierre -la madrugada del lunes- de 60 oficinas de la empresa en 20 ciudades colombianas afecta a unas 200.000 familias que invirtieron sus recursos en DMG, que sus directivos aseguran es una comercializadora y no una captadora de dinero que opera en forma ilegal.
Después de las declaraciones de Murcia, el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, rechazó cualquier posibilidad de negociar con la compañía.
Sin embargo, posteriormente el representante legal de la compañía en Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella, presentó en una conferencia de prensa en Bogotá a un grupo de inversionistas extranjeros de la firma quienes lanzaron una oferta de conciliacion al gobierno del presidente Alvaro Uribe.
"El gobierno tiene la solución en sus manos. Estamos autorizados para ofrecer que haya una coadministración de la empresa con el gobierno con el único objetivo de salvaguardar el dinero de los colombianos", aseguró el abogado.
El jurista señaló que el gobierno no puede "fundamentarse en rumores y en chismes si el material probatorio y la realidad procesal revelan otra situación" y dijo que la firma demandará al gobierno por lo que consideró "una extralimitación legal".
"Acudiremos hasta al tribunal celestial y estamos seguros que la Corte Constitucional (de Colombia) dirá que las medidas adoptadas por el gobierno son inconstitucionales. En consecuencia, si no somos vencidos en juicio, el Estado estará obligado a repararnos", advirtió.
Por su parte, dos de los socios extranjeros de la empresa -el canadiense Alexander Altshoul y el brasileño Alexandre Ventura, que compraron franquicias de la marca para Brasil y Panamá-, explicaron el modelo del negocio y aseguraron que no hay nada ilegal en él.
