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Sal y Pimienta

Mariela Ledezma y Annette Planells


Decreto sobre certificación en áreas protegidas no se ha basado en estudios científicos y técnicos

Guevara destacó que con esto se habla de alrededor del 35% del patrimonio del país en cuanto a áreas protegidas se refiere.

La tarde de este lunes, miembros de organizaciones ambientales se dieron cita en la sede del Ministerio de Ambiente en Albrook, para protestar contra la titulación en áreas protegidas.

La directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Lilian Guevara, dijo que con esta acción piden la derogación del Decreto Ejecutivo 141 del 27 de octubre de 2021, que crea los certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas.

“Esto es un exabrupto, un acto administrativo confuso de extralimitación y de omisión en el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Ambiente con el cual se cede funciones que son de Mi Ambiente a la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) para que emita este tipo de certificados que permiten o abren las puertas a otro tipo de usos de áreas protegidas que incluyen actividades comerciales, industriales y hasta la minería”, subrayó.

Añadió que el tema de las áreas protegidas no es un lujo, “su creación es precisamente porque necesitamos una garantía para la protección de esta necesidad de supervivencia, de sostenibilidad”.

Guevara destacó que con esto se habla de alrededor del 35% del patrimonio del país en cuanto a áreas protegidas se refiere. A su vez, aseveró que la Anati no tiene la capacidad mi existen registros catastrales de quiénes realmente están viviendo en esas áreas.

“Mientras estábamos protestando ayer (lunes) empezó el festín, estaban en Donoso y abrieron las primeras solicitudes desde Anati para recibir acreditaciones de uso de suelo, las cuales en este decreto afirman que tienen valor comercial y de venta. Aquí hay una amenaza muy grave porque nadie puede evitar que una vez que eso se inscriba en el Registro Público, venga un acaparador y le quite a 20 o 50 personas un espacio importante del área protegida”, explicó.

Este decreto se denomina como Procedimiento Especial e implica más de 30 pasos, considerados burocráticos y ninguno considera aspectos de carácter ambiental o elementos de conservación, “no se ha basado en estudios científicos y técnicos apropiados, violenta la naturaleza de las áreas protegidas, es un delito, el Código Penal establece en su artículo 416 que cualquier funcionario que adjudique bienes públicos o áreas protegidas puede ser castigado con 5 a 10 años de cárcel y viola acuerdos internacionales en materia ambiental”.

La emisión de este decreto se dio poco después de que el diputado del Partido Revolucionario Democrático y expresidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero presentara el anteproyecto de ley 58, con el que la reserva forestal El Montuoso pasaría a convertirse en reserva hidrológica.