La denuncia penal es contra el Administrador General de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz y el director de Marina Mercante de la entidad, Rafael Cigarruista
| julio 1, 2022
El abogado Roberto Ruíz Díaz, presentó este viernes 1 de julio, ante el Ministerio Público, una denuncia penal contra el Administrador General de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz y el director de Marina Mercante de la entidad, Rafael Cigarruista, por la emisión de una patente a favor de la nave Gibunker 100, bajo licencia de operación de la empresa Sea Energy.
De acuerdo con Ruíz Díaz los funcionarios podrían estar incurriendo en delitos contra la administración pública, pues la nave Gibunker 100, que ya tiene un año operando en Panamá, no cumple con la edad, según la puesta en quilla, que establece la ley y debe ser máximo 15 años, para prestar los servicios de transporte de combustible, sin embargo, la AMP la introdujo, !omitiendo esa información que es tan importante".
Una vez la nave entra al país, dice el abogado, la misma es incluida en la empresa Sea Energy, empresa que fue denunciada por el caso Sea Lion, una embarcación causante de un derrame de combustible en Taboga en junio de 2020, y a la que la misma AMP le había cancelado su permiso de operación.
“Llama la atención que precisamente esta administración, con Noriel Araúz al frente, había cancelado la licencia de operaciones a Sea Energy y de pronto aparece con su licencia, pero donde introduciendo una nave que no cumple los requisitos necesarios para prestar los servicios de transporte de combustible”, asegura Ruíz Díaz.
Según Díaz, esta situación constituye una amenaza para el ambiente, ya que la normativa existente respecto a los años de puesta de quilla, busca evitar que lleguen naves viejas para prestar servicios dentro de las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá, y lo que estamos viendo es que la administración de la AMP está autorizando el ingreso de naves que están siendo desechadas en otra jurisdicción porque no pueden prestar ese servicio.
“Por eso es que preocupa que esa nave, por ser antigua, pueda producir este tipo de afectaciones o derrames en las aguas jurisdiccionales del país”, dijo.
Ante todo lo expuesto, el abogado dice que le tocará al procurador general admitirla, pues se trata de una denuncia penal directa en contra de los funcionarios, “porque son ellos los que tendrán que responder por el tema de abuso de autoridad e infracción de los deberes como funcionarios, y por la posible falsificación de documentos públicos al omitir una información tan sensible como es poner el año de la puesta de quilla, en estos casos que es un tema técnico, pero que en la AMP lo conocen muy bien”.
Mencionó que aprovechó la diligencia para ampliar otra denuncia contra la administración de la AMP en el caso de Panama Ports, donde debía establecerse el nuevo precio que PPC debía pagar al estado por el movimiento de contenedores conforme a la prórroga que se dio.
Sobre este caso, Ruíz Díaz dijo que envió una nota al administrador Araúz, donde preguntó si ya se había hecho la nueva revisión de la tarifa, a lo que el administrador, el 30 de marzo respondió que él estaba a la espera de una respuesta de la Contraloría que había él había pedido en agosto de 2021.
Sin embargo, la Contraloría y desmintió lo afirmado por el administrador y le entregó copia de su contestación el mismo mes de agosto de 2021. “Esto representa una clara violación de la Ley por parte del administrador de la AMP, de no ejercer las funciones que le competen de revisar las tarifas que tienen que pagar los puertos por el movimiento de contenedores”.
