La evaluación se orientaría en primer orden a ocupantes de cargos que eran de libre nombramiento y remoción, como secretarias, conductores y directores nacionales, entre otros.
| julio 15, 2009
La estabilidad de unos 28 mil funcionarios públicos panameños está hoy sujeta a un proyecto de ley que busca revisar los mecanismos para el ingreso a la Carrera Administrativa, esquema que garantiza la inamovilidad laboral.
Según fuentes parlamentarias, una propuesta en ese sentido podría ser presentada ante el legislativo esta semana para su discusión y aprobación.
El texto contempla dejar sin efecto las modificaciones a la ley de Carrera Administrativa aplicadas en el 2007, las cuales facilitaron el acceso a ese mecanismo a funcionarios con dos años de antigüedad y sin el requisito de contar con experiencia en el cargo.
Esa herramienta permitirá además al ejecutivo evaluar miles de designaciones concretadas en los dos últimos años por el anterior gobierno.
La evaluación se orientaría en primer orden a ocupantes de cargos que eran de libre nombramiento y remoción, como secretarias, conductores y directores nacionales, entre otros.
Cabe destacar que la inclusión en la Carrera Administrativa libra a los beneficiados del sector público de la amenaza de un despido tras el cambio de gobierno.
El sistema establecido para los funcionarios del sector público fue precisamente uno de los puntos de fricción durante el proceso de transición gubernamental en el país.
El factor esencial de los cuestionamientos surgidos desde el campo del actual presidente Ricardo Martinelli estuvo en el nombramiento de unas 34 mil personas para ingresar a ese esquema durante la gestión del mandatario Martin Torrijos.
