El paro, impulsado por la Cámara Nacional del Transporte (Canatra), no ha tenido resonancia en las provincias del interior, según informes de prensa.
| agosto 11, 2009
El gobierno dispuso el martes de autobuses oficiales y negoció para que no se cobrasen la tarifa en dos autopistas estratégicas de la capital para enfrentar el primer día de un paro indefinido del transporte público.
La directora de la Autoridad de Transporte Terrestre, Sandra Escorcia, dijo a los periodistas que el paro era parcial en la capital, al tiempo en que llamó al diálogo y no descartó posibles sanciones.
Autobuses oficiales fueron puestos al servicio de los usuarios, aunque las paradas se vieron abarrotadas desde horas de la madrugada y muchos panameños expresaron su malestar.
En los corredores que bordean la capital, operados por empresas mexicanas, no se cobraron tarifas el martes, en una medida gestionada por las autoridades para agilizar el tráfico de los autobuses que optaron por no paralizar el servicio.
El gobierno informó la noche del lunes que no accedería a presiones de los transportistas, luego de que se hizo un intento de diálogo para evitar la paralización.
"No comprendemos las razones para un paro. La única razón tiene que ser política", dijo el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, prometiendo que unos 600 autobuses oficiales se pondrían a disposición de los usuarios y que la policía estaría vigilante en las calles.
El paro, impulsado por la Cámara Nacional del Transporte (Canatra), no ha tenido resonancia en las provincias del interior, según informes de prensa.
El líder de Canatra, Dionisio Ortega, reiteró que la medida busca exigir al gobierno respuestas sobre el futuro proceso de modernización del transporte metropolitano y se cumpla con las respectivas indemnizaciones o compensaciones para los buseros que serían sacados de la actividad.
El gobierno del presidente Ricardo Martinelli, que asumió el 1 de julio, impulsa el proyecto de un tren metropolitano que costaría alrededor de 1.000 millones de dólares, para el cual se preparan las primeras licitaciones.
Asegura que los transportistas pueden participar en el proceso y no han descartado posibles indemnizaciones en el sector, inmerso desde hace largo tiempo en una profunda crisis. Se estima que unos 200.000 usuarios utilizan el transporte público metropolitano, especialmente en la capital.
