El jurista expresó que no hay razón para pensar que los hijos del expresidente Martinelli podrían fugarse y menos a Panamá, donde asegura que las cárceles son reconocidas como peligrosas.
| noviembre 16, 2021
Pasada las 6:30 p.m. de este lunes 15 de noviembre, Luis Enrique Martinelli Linares llegó a Nueva York, Estados Unidos luego de su extradición desde Guatemala.
A su llegada, fue conducido al centro de detención de Brooklyn Bridge, donde la fiscalía del Distrito Este de Nueva York solicitó a un juez federal que ordene la detención permanente de Luis Enrique ante un posible riesgo de fuga.
En una carta que James G. McGovern, abogado de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, presentó en la Corte de Nueva York, consta que los hermanos Martinelli estarían dispuestos a declararse culpables de al menos uno de los tres cargos en su contra, por presuntamente conspirar para lavar dinero de Odebrecht, y el consentimiento para el decomiso de $19 millones en activos.
"Los activos decomisables incluyen una cantidad considerable de fondos depositados en bancos suizos que habría sido muy difíciles de recuperar sin el acuerdo de los hermanos Martinelli de declararse culpables y de tomar medidas para facilitar el acceso de Estados Unidos a esos fondos”, señala el letrado en su escrito.
Según McGovern, hace tres meses, anticipando que se concretaría este acuerdo de culpabilidad, sus clientes transfirieron $1.7 millones al gobierno estadounidense.
Esta nota fue dirigida a la magistrada juez Marcia M. Henry, que este martes, 16 de noviembre celebrará una audiencia a Luis Enrique, para revisar las medidas de arraigo.
La defensa de Martinelli Linares propone un paquete de fianza de $3 millones, garantizada por $1 millón en efectivo; la promesa de permanecer confinado en un apartamento alquilado en Manhattan; la entrega del pasaporte o cualquier otro documento de viaje, y permanecer sujeto a supervisión hasta que se celebre el juicio.
El jurista expresó que no hay razón para pensar que los hijos del expresidente Martinelli podrían fugarse y menos a Panamá, donde asegura que las cárceles son reconocidas como peligrosas.
El abogado reconoció lo que los fiscales ya le contaron a la juez: "que antes de evadirse estaban negociando un acuerdo de culpabilidad".
De acuerdo con McGovern, las reuniones entre las partes iniciaron en 2018, un año después que sus clientes fueron detenidos en Miami, Florida, porque -aunque habían ingresado legalmente al país- ya no tenían visa para permanecer en Estados Unidos. Los hermanos estuvieron dos semanas en un albergue migratorio en Krome, al sur de Miami, y salieron después que un juez de esa jurisdicción les otorgó una fianza de un millón de dólares a cada uno. Se desconoce si, en efecto, abonaron o no la fianza, pero nunca fueron deportados y permanecieron en ese país hasta, por lo menos, junio de 2020.
“Mientras sus abogados seguían negociando con los fiscales federales un posible acuerdo antes de que se presentaran los cargos en Estados Unidos, los hermanos cometieron un grave y poco meditado error”, reconoce McGovern en la nota a la juez. Agrega que sus clientes tomaron la decisión de salir de Estados Unidos, en su afán por regresar a Panamá, para -según él- defenderse de las acusaciones que acá también se les ha formulado, por los sobornos de Odebrecht.
El 27 de junio de 2020, las autoridades se percataron que Luis Enrique y Ricardo Alberto ya no estaban en Estados Unidos y entonces se presentó una acusación (indictment) sellado, en la Corte del Distrito Este de Nueva York. La acción fue impulsada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), cuyos agentes se habían reunido en varias ocasiones y en persona con los dos acusados. Después fueron ubicados en Guatemala, donde ingresaron desde El Salvador, vía terrestre, reclamando ser diputados suplentes del Parlacen. El 3 de julio de 2020, se expidió la solicitud de captura con fines de extradición y la detención se llevó a cabo el 6 de julio, en el aeropuerto La Aurora, en momentos en que se disponían a embarcar un avión privado, con destino a Panamá.
La defensa anunció su intención de solicitar que la Corte de Nueva York reconozca los 16 meses que sus clientes han estado detenidos en Mariscal Zavala, Guatemala.
A los hermanos Martinelli Linares se les acusa por haber ejercido como “intermediarios” en el pago de $28 millones en sobornos que Odebrecht pagó para beneficio de “un antiguo funcionario de alto rango del gobierno de Panamá”, que es familiar cercano de los dos acusados. De los $28 millones en sobornos, $19 millones (que es la cantidad que ahora ofrecen entregar en decomiso) fueron transferidos utilizando cuentas bancarias en Estados Unidos.
A ambos hijos del exmandatario panameño, Ricardo Martinelli, se les formuló tres cargos: uno por presuntamente conspirar para lavar dinero, y dos más, por ocultar información sobre el blanqueo de capitales. Luis Enrique enfrenta dos cargos adicionales, por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de activos.
Esta acusación se basa en hechos presuntamente cometidos entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, coincidiendo en gran parte con el mandato presidencial de su padre.
