El documento señala que si bien es cierto, la ley contempla sanciones penales por corrupción oficial, el gobierno de Panamá de forma general no implementa esta ley efectivamente.
| abril 27, 2022
La República de Panamá presenta problemas significativos en aspectos relacionados con la independencia del órgano judicial, la libertad de expresión y los medios, y la corrupción gubernamental grave, así lo refleja el Informe de los Derechos Humanos 2021.
El documento señala que si bien es cierto, la ley contempla sanciones penales por corrupción oficial, el gobierno de Panamá de forma general no implementa esta ley efectivamente, por lo que la corrupción continuó siendo un problema grave en los órganos ejecutivo, judicial y legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad.
En materia de libertad de expresión, señala que el gobierno en general respetó este derecho, sin embargo, los periodistas y los medios observaron que continuaron las demandas penales y civiles por difamación y calumnia, las cuales consideran como una amenaza a la libertad de expresión y a la libertad de prensa; además los medios expresaron preocupación por los intentos del gobierno y del sector privado de retirar anuncios pagados -una fuente significativa de ingresos – cuando los medios publicaron información que no les era favorable.
Hace mención de algunos casos de corrupción registrados en los últimos años, en los que los tribunales no emitieron fallos, tales como la investigación contra 25 personas acusadas de usar B/. 43 millones en fondos públicos para comprar el grupo de periódicos Editora Panamá América; y el proceso contra dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, y tres exministros, Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, Frank De Lima y Jaime Ford, por corrupción relacionada al caso Odebrecht.
También señala la investigación por el escándalo de vacunación clandestina contra la COVID-19 por un supuesto monto de B/.200.00; indicando que si bien es cierto, el Ministerio Público presentó cargos criminales en contra de dos individuos involucrados en el caso, el expresidente Ernesto Perez Balladares públicamente admitió que había sido vacunado antes de que hubiera disponibilidad nacional, junto con 10 miembros de su familia en su residencia, y pese a esto, el Ministerio Público no abrió una investigación sobre este asunto ni presentó cargos por abuso de autoridad ni corrupción.
Con relación al trato de los detenidos, según las estadísticas oficiales, para octubre aproximadamente el 37 por ciento de los reclusos no habían sido condenados. La implementación plena de la estructura del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a nivel nacional disminuyó la cantidad de personas detenidas preventivamente de forma consistente desde 2016.
Añade que a diferencia de los casos en el sistema acusatorio, los procedimientos para casos en proceso bajo el sistema inquisitivo no estuvieron a disposición del público, por lo que personas ajenas a los procedimientos de los casos no tuvieron acceso a estos procedimientos hasta que se logró un veredicto; los jueces podían decidir que la audiencia fuera privada y así lo hicieron en casos de alto perfil y como consecuencia, el Órgano Judicial en ocasiones enfrentó acusaciones de irregularidades procesales, debido a que muchos de estos casos no habían concluido, los registros estaban sellados, las partes interesadas generalmente no se enfrentaban al secreto del sumario, y debido a esta falta de transparencia era difícil verificar los hechos.
Agrega que la impunidad entre los estamentos de seguridad existió debido a mecanismos de control interno de conducta y de aplicación débiles y descentralizados; y que durante la pandemia hubo numerosas quejas de abuso a la autoridad por agentes policiales al detener a personas durante la cuarentena y el toque de queda.
