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Javier Yap considera que la ley de conflicto de interés que lucha contra la corrupción, pueda ser un legado de Cortizo

Agregó que la obligación de cumplir esta ley proviene principalmente de los funcionarios de alto nivel y presentar esta información de manera anual.

Javier Yap Endara, miembro de la coalición “Vamos”, se refirió este viernes en Radio Panamá, a la aprobación en tercer debate de la ley 329 que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública, y se encuentra a la espera de ser sancionada por el presidente Laurentino Cortizo.

"Lo bueno es que el presidente en campaña dijo que se ha comprometido a impulsar una ley de este tipo y hasta la fecha no ha aprobado ninguna ley anticorrupción, así que tiene una oportunidad de oro, va a tener en su mesa muy pronto, un proyecto de ley que lucha contra la corrupción, y ojalá que esto forme parte de su legado, es una ley que le favorece al país y que tome la decisión correcta", precisó.

Agregó que la obligación de cumplir esta ley proviene principalmente de los funcionarios de alto nivel y presentar esta información de manera anual.

"Esto se está creando bajo la Antai y va a tener esa facultad de iniciar investigaciones de oficios a raíz de denuncias, así que las herramientas que va a tener esta oficina son amplias y les va a pemitir vigilar y que esto se cumpla", detalló Yap.

Cabe señalar que si el presidente Cortizo sanciona el proyecto de ley 329 que busca evitar el conflicto de interés en el sector público, los funcionarios de alto perfil de los tres poderes del Estado, estarán obligados a presentar una declaración jurada de intereses particulares, cada año.

Allí tendrán que reportar actividades profesionales, financieras, laborales, económicas, gremiales, personales o de beneficencia, sean o no remuneradas. También deben informar si han tenido contrataciones con el Estado, si han recibido regalos en el último año calendario antes de asumir el cargo, que provengan de personas o empresas que no están vinculadas a sus familias, y si tienen acciones en sociedades, fundaciones, fideicomisos, constituidos tanto en Panamá como en el extranjero, entre otros.

Esta propuesta fue impulsada por el diputado Gabriel Silva, con el apoyo de sus colegas de la bancada independiente.