De acuerdo con las organizaciones, la citada norma ha violado más de 35 disposiciones del marco normativo vigente.
| noviembre 25, 2021
El martes 23 de noviembre, un total de siete organizaciones ambientalistas y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que declare nulo por ilegal el Decreto Ejecutivo No. 141, que crea la certificación de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas.
De acuerdo con las organizaciones, la citada norma ha violado más de 35 disposiciones del marco normativo vigente.
La gerente legal del CIAM, Joana Ábrego, explicó que el decreto le da la competencia a la Autoridad Nacional de Tierras y no al Ministerio de Ambiente para certificar los usos de suelos en áreas protegidas, aseverando que esta es una total violación.
Añadió que en Panamá hay dos tipos de bienes del estado. “Hay bienes patrimoniales que pueden ser vendidos como se hizo con las Áreas Revertidas, también tenemos los bienes de dominio público que no pueden ser objetos de apropiación privada, allí se encuentran las playas, los ríos y áreas protegidas que desde la Constitución y diferentes leyes protegen contra cualquier tipo de adjudicación; es más, el Código Penal establece que es un delito penado con cinco a 10 años de prisión por dar cualquier tipo de adjudicación o tenencia o posesión dentro de las áreas protegidas”, precisó.
“Existe una gran cantidad de tratados internacionales que protegen las áreas protegidas que están siendo violadas por este decreto, y por supuesto que tienen que causar gran preocupación a nivel internacional. Causa mayor preocupación a nivel internacional cuando estuvo el presidente de la República y una gruesa delegación de Panamá defendiendo que se tomaran decisiones más ambiciosas para evitar peores efectos del cambio climático”, remarcó Ábrego.
Consideró importante que se conozca a nivel internacional esta “contradicción intrínseca” del Gobierno Nacional, y que el presidente debería ser consistente con esas intenciones expresadas a nivel internacional.
Recalcó que tenemos un Gobierno que ha apostado a la minería metálica, considerada una de las actividades más contaminantes del mundo, no solo ambiental sino socialmente, y que se desarrolla en esos mismos bosques que son áreas protegidas.
