Expuso las supuestas irregularidades de la que fue testigo, mismas que por ética, le llevaron a abandonar la mesa de negociación.
| agosto 21, 2021
Marcel Salamín renunció ayer a la mesa negociadora entre el Gobierno y Minera Panamá, para un nuevo contrato.
Mediante una carta enviada al ministro de Comercio e Industrias, Ramón Arosemena, expuso las supuestas irregularidades de la que fue testigo, mismas que por ética, le llevaron a abandonar la mesa de negociación.
A continuación, su renuncia:
Panamá, 9 de agosto de 2021.
Su Excelencia
Ramón Martínez Ministro de Comercio e Industrias
E.S.D
Señor Ministro:
Con el mejor ánimo, disposición y vocación de patria, acepté la invitación que me hiciera el Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República de incorporarme — sin remuneración alguna, fue mi única condición– a un grupo de distinguidas personalidades que estaría a cargo de negociar una nueva relación con FQM, corporación transnacional propietaria de Minera Panamá, S.A. y en cuyo capital social, de manera directa, indirecta e inconstitucional, tres Estados extranjeros tienen la mayoría absoluta de sus acciones.
Es de conocimiento nacional que las razones de esta necesaria reingeniería de la actividad minera en el yacimiento Petaquilla –que obliga a negociar un nuevo Contrato– guarda relación con el Fallo de la Corte Suprema de Justicia –¡¡de 2017!!- – que declara la inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997 y que, de manera consecuente, extingue los derechos y obligaciones pactados entre privados en el Contrato que esa Ley, aprobada por la Asamblea Nacional, perfecciona y eleva a derechos y obligaciones con valor de ley, como dispone la Constitución.
Una interpretación constitucionalmente inaceptable acerca del carácter suspensivo de la no-publicación de ese Fallo en la Gaceta Oficial y una capciosa Solicitud de Aclaración de la Sentencia interpuesta de manera desleal por la empresa –que argumenta que con la extinción de la Ley no se extingue el Contrato– han generado desde entonces una irregularísima situación:
1. una corporación –mayoritariamente propiedad inconstitucional de tres Estados Extranjeros– cuyas actividades, cuantiosos beneficios y control territorial de los minerales metálicos que pertenecen al Estado, a lo largo de casi un quinquenio, ha carecido de piso y techo jurídico;
2. una sentencia definitiva y de obligatorio cumplimiento suspendida en sus efectos por un veto de facto de varios Ejecutivos que aducen no poder publicarla hasta que no se falle y publique la decisión sobre la Solicitud de Aclaración de Sentencia de la empresa, eventos ambos futuros e inciertos porque deliberadamente engavetados.
3. Un proceso de negociación de un nuevo Contrato que sería lesivo para la Nación iniciar sin haberse despejado previamente los problemas legales arriba mencionados, por cuanto sólo fortalecerá a la contraparte y también carecerá –a mi juicio– de piso y techo jurídico.
En el transcurso de las sesiones sostenidas, he tomado conocimiento de que:
1. la responsabilidad de negociar no corresponde más al grupo designado públicamente cuanto al Ministro de Comercio e Industrias;
2. el grupo ha quedado reducido a la condición de asesor y comparte esta responsabilidad con dos consultoras extranjeras previamente contratadas por el Gobierno.
Reconducidos a la condición de asesores y en vista de que aparentemente ya prexistían dos propuestas, solicité la oportunidad de presentar una tercera propuesta que anuncié claramente rompía con el paradigma que orienta las prexistentes. Le agradezco personalmente que Usted me haya concedido la oportunidad.
De manera informal, la mesa ha tomado conocimiento de una `primera propuesta’ que resultaría de un número plural de conversaciones previas entre funcionarios del MICI y MiAmbiente con directivos de la empresa. Entiendo que el planteamiento de la empresa se reduce al planteamiento de que ella y sólo ella es propietaria del recurso mineral del yacimiento y de que está dispuesta a negociar un incremento de la regalía del 2% pactado en el Contrato a un 5% pautado en el Código Minero luego de que el pueblo, con un alto costo de vidas y lesiones severas, obligara el Gobierno de turno a derogar la Ley Chorizo que modificaba el Código Minero en donde, supuestamente, estaba la prohibición –está en la Constitución—de que Estados extranjeros pudieran ser propietarios de los recursos minerales metálicos de la Nación.
Una segunda propuesta, más explicitada en las dos últimas sesiones, pero en la cual ya previamente fueron concurriendo el Gobierno y las consultoras extranjeras, plantea una propuesta que a bien ver es ‘más de lo mismo’. Contrario a la Constitución y a la historia del pueblo panameño, no reclama la propiedad del recurso mineral metálico de Petaquilla ni la participación paritaria en el capital social de la corporación, pero asume el modelo pautado en el Acuerdo previo –que la empresa retiene todavía vigente– y que consiste en que la participación del Estado se reduce a ‘colector de impuestos y regalías’, algo en lo cual, por lo demás, no tenemos buena experiencia sobre todo cuando las corporaciones deciden y definen, por sí solas y sin apelación alguna, con qué se quedan y que migajas tributarias le dejan a los panameños y panameñas.
La propuesta que le presenté al equipo nacional de asesores y a los Ministros que ocasionalmente asistieron, la hice en nombre de un número plural de personas que la formulamos pensando en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones.
La propuesta en efecto propone un cambio de paradigma: ¡De colector de regalía a socio que aporta el activo cobre!
Propone pasar de migajas tributarias a la apropiación pública anual de ingresos no-tributarios por el orden de miles de millones de dólares provenientes del 50% de la inmensa renta económica que genera Petaquilla en nuestra condición de socio con el 49% de una Empresa Mixta Minera Nueva Petaquilla, ingresos que deben servir para pasar de la ‘economía de waiters’ a la nueva economía de servicios logísticos e industrial de la que hablaba Omar Torrijos Herrera, ingresos indispensables para sanear y reconstruir la Caja del Seguro Social, rescatar el Estado de Bienestar contemplado en la Constitución que privilegia la educación y la salud pública como responsabilidad primaria del Estado y cumplir con las promesas de acabar de una vez por todas con la vergonzosa pobreza que esclaviza nuestro pueblo.
Luego de su presentación, los documentos pertinentes, con la amable colaboración de su Despacho, fueron apropiadamente entregados a los colegas del grupo de asesores nacionales y los Ministros que de él hacen parte.
Desafortunadamente, más allá de los innegables méritos técnicos, jurídicos, sociales y políticos que en las dos sesiones se le reconocieran a la propuesta, o fue desmeritada como una utopía y la pelotearon a un futuro glorioso pero incierto; o fue, calificada por anticipado como inaceptable para FQM, asumiendo la representación de intereses que no debería ostentar ningún miembro del Grupo; o llana y directamente fue declarada incompatible con el Plan Estratégico presentado al electorado nacional en el 2019.
Mi sorpresa no ha podido ser mayor. Esta incompatibilidad es reclamada como si en el tanto no hubiera tenido lugar el descalabro jurídico de FQM-Minera Panamá como resultado del Fallo de la Corte, ni hubiere tenido lugar la transformación estratégica del mercado del cobre que pasó de US$2,600.00 la tonelada a un promedio de US$10,000.00 entre la elección del 2019 y hoy que le escribo; y, lo que me resulta más sorprendente, como si no hubiera tenido lugar la compleja y peligrosa sindemia que nos enfrenta a crisis concurrentes de sanidad, economía, legitimidad social, gobernabilidad política y a crisis morales y espirituales que se retroalimentan día por día y que han agudizado la ominosa crisis de seguridad que enfrenta la nación al crimen organizado transnacional y a una potencial estampida migratoria que se está fraguando en la frontera oriental.
Para enfrentar la sindemia, necesitaremos, por un tiempo desafortunadamente indeterminado, mucho, muchísimo recurso no-tributario y el único disponible es la renta económica de una empresa minera mixta en Petaquilla. Dicen en Chitré, mi pueblo, que no hay mal que por bien no venga. No habrá mayor oportunidad que la que esta coyuntura nos ofrece.
Creo Señor Ministro que, partiendo de paradigmas tan encontrados como los que distinguen las otras dos propuestas y la que me honré en presentar, y tomando nota de que todos los Ministros –y algunos miembros del Grupo– han ya concluido y expresado en las reuniones que mi propuesta es incompatible con la posición del Gobierno, considero que he cumplido con la responsabilidad para la cual se me convocó. De aquí en adelante, la decisión es vuestra y nada ni nadie podrá evitar que el grupo de asesores nacionales tenga que asumir el rol de villanos o héroes.
Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y respeto.
Atentamente,
Dr. Marcel Salamín-Cárdenas
