En la nota los magistrados sustentan que lo aprobado en el primer bloque no cumple con las expectativas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales ni la de los ciudadanos. Explican que el proyecto de ley presentado surge del consenso de todos los representantes de los partidos políticos constituidos, el sector obrero, iglesias, empresarios y otros
| septiembre 6, 2021
Celia Douglas
Decepcionados, así están los magistrados del Tribunal Electoral con los diputados que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, por lo que decidieron retirarse del debate de las reformas electorales.
Fue a través de una carta dirigida al diputado Víctor Castillo, que los magistrados de Heriberto Araúz, como presidente de TE; Eduardo Valdés Escoffery, como vicepresidente y Alfredo Junca, como segundo vicepresidente, dejaron plasmada su postura, en duros términos.
En la sesión del pasado miércoles 1 de septiembre, introdujeron modificaciones al proyecto de ley sin tener la cortesía de compartirlas previamente con el Tribunal Electoral, a pesar de que requerírselas en repetidas ocasiones para poder emitir criterio sobre las mismas, tal como varios miembros de la comisión que usted dirige lo solicitaron”, se desprende de la misiva.
Y es que a través del proyecto de Ley 544 se busca reformar el Código Electoral para los próximos comicios, y el cual sufrió severos cambios en un día de discusión, sobre todo en el reglón de las donaciones privadas tanto para el cargo de presidente, como de diputado.
Luego de insistir en el uso de la palabra para el magistrado presidente Heriberto Araúz, se le concedió, pero fue objeto de dos llamados de atención (uno de parte suya) para que concluyera su intervención abruptamente y sin la cortesía solicitada para que el Director Nacional de Organización Electoral, rindiera el informe pedido el día anterior por varios comisionados. Las propuestas fueron votadas rápidamente y se dio por concluido el primer bloque. Un Tribunal de rango Constitucional no puede ni debe ser tratado de manera desconsiderada e irrespetuosa”, dice la nota firmada por los tres magistrados.
En la nota los magistrados sustentan que lo aprobado en el primer bloque “no cumple con las expectativas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales ni la de los ciudadanos”. Explican que el proyecto de ley presentado surge del consenso de todos los representantes de los partidos políticos constituidos, el sector obrero, iglesias, empresarios y otros.
Los magistrados estamos muy conscientes de la facultad que tiene la Asamblea Nacional de aprobar o desaprobar proyectos de ley, y que la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde están representados con mayoría de votos los partidos políticos constituidos, es un auxiliar y una antesala de consulta para facilitar el primer debate en la Asamblea Nacional, es parte del sentir de los magistrados.
Dicho esto, es preciso recordar que es el Tribunal Electoral quien tiene competencia privativa, por mandato Constitucional, para garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Y, además, para interpretar, reglamentar y aplicar la ley electoral. El objetivo de toda la reforma electoral, como la presente, es mejorar lo que se tiene, no retroceder sobre los avances ya logrados, sentencia el escrito.
