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David Salayandía y Ramón Monchi Webster


Martinelli, Varela y Pérez Balladares, expresidentes panameños salpicados en los ‘Pandora Papers’

Mediante un comunicado, el bufete Alemán Cordero Galindo & Lee, conocido como Alcogal, alegó que una auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por ICIJ.

Martinelli, Varela y Pérez Balladares, expresidentes panameños salpicados en los ‘Pandora Papers’

'Pandora Papers' involucra a expresidentes panameños. Foto: Ilustrativa

La riqueza y los acuerdos secretos de líderes mundiales, políticos y multimillonarios fueron expuestos este domingo en una de las mayores filtraciones de documentos financieros.

Cerca de 35 líderes actuales y del pasado, y más de 300 funcionarios públicos aparecen en los archivos de compañías extraterritoriales, conocidas como compañías “offshore”. A la filtración e investigación sobre estos archivos se le conoce como los “Pandora Papers”.

Los “Pandora Papers” es la más reciente de una serie de filtraciones en los últimos siete años, después de los “Archivos FinCen”, los “Paradise Papers”, “Panamá Papers” y “LuxLeaks”.

La investigación de los expedientes es la más grande que haya organizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con la participación de más de 650 reporteros. Se conocen más de 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.

Algunas de las figuras que aparecen en este reporte enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal global.

En esta revelación se hace mención a Panamá, refiriéndose a la Firma de Abogados conocida como “Alcogal”, al cual ayudó a bancos de todo el mundo a crear al menos 3,926 compañías “offshore” para sus clientes en varios países.

La firma panameña envió más de 5,400 cartas a direcciones concretas de abogados de medio mundo para remitirles documentos societarios: el país que más cartas recibió fue Andorra, que con 2,245 misivas concentra más de la mitad de la correspondencia, a pesar de las campañas recientes destinadas a mejorar la mala imagen fiscal del lugar.

El despacho Alcogal es el que tiene más documentos con referencias a ciudadanos españoles y de América Latina. Con sede en Panamá, contiene al menos 253 sociedades vinculadas a España por ser español el cliente o su intermediario, es decir el despacho que contacta con Alcogal. Entre sus clientes de primer nivel, la investigación del Consorcio ha identificado más de 30 compañías vinculadas a Abdalá II, rey de Jordania, o la estructura que creó el primer ministro de República Checa, Andrej Babis, para pagar 20 millones de dólares (17,2 millones de euros) por una villa en un pueblo francés cerca de Cannes.

Archivos internos de Alcogal permiten además ver la falta de control sobre las sociedades. Entre 2007 y 2018, sus empleados rellenaron 109 Reportes de Actividades Sospechosas (ROS, por sus siglas en inglés). Se trata de informes que los bufetes tienen que remitir a las autoridades de un país cuando detectan algo insólito o con visos de ilegalidad en una sociedad. 74 de esos informes empezaron porque la “offshore” o su cliente aparecía en los medios como involucrada en alguna investigación judicial. Dos de cada tres reportes se cumplimentaron después de la publicación, en 2016, de los “Panama Papers”, que arrojaron luz sobre las actividades ilícitas de miles de compañías hasta entonces desconocidas para el público.

El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) montó empresas opacas para casi 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países, según los documentos que se han filtrado.

También prestó servicios a personajes implicados en algunos de los escándalos de corrupción más notorios de la historia reciente de Latinoamérica, como la operación de soborno mundial del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, el escándalo internacional de corrupción en el fútbol conocido como Fifagate, así como el presunto saqueo del patrimonio público venezolano.

Entre los nombres que emergen de esta exhaustiva investigación se encuentran los expresidentes de la República de Panamá Ernesto Pérez Balladares, Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli.

Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada d’Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de estas empresas luego se utilizaron presuntamente para desviar fondos en la trama de corrupción pública venezolana, según muestra la investigación.

Posteriormente, el Gobierno de Estados Unidos incluyó el banco en su lista negra como “preocupación principal por el blanqueo de capitales”. La mayoría de las empresas se disolvieron y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión del banco en la lista negra en 2015.

A petición de BPA, Alcogal creó dos empresas ficticias que posteriormente fueron utilizadas por Odebrecht para canalizar 30 millones de dólares en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fue a parar a manos de los hijos de Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes. Los hermanos Martinelli niegan tales acusaciones.

El reporte muestra que en 2000 y 2001, Alcogal registró dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Juan Carlos Varela, su hermano, su padre y otros socios. A los tres meses de la llegada de Varela a la presidencia, una revisión interna de Alcogal dio con las acusaciones de que había participado en el lavado de dinero proveniente de apuestas en internet para financiar su campaña política. La empresa señaló que Varela negó las acusaciones que se basaban en publicaciones de los medios de comunicación y no en investigaciones de ninguna autoridad, y concluyó que los informes no requerían investigación adicional.

En 2017, Varela admitió que durante su campaña vicepresidencial recibió donaciones de Odebrecht, empresa brasileña que se halla en el centro de una de las mayores investigaciones de corrupción de Latinoamérica, pero negó que el dinero fuera un soborno. Varela declaró al ICIJ que las donaciones de la campaña se hicieron conforme a la ley y se informó de ello a las autoridades electorales.

En 2006, el bufete de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA. Al año siguiente, todas menos una de las 10 mil acciones se transfirieron a Nasry Juan “Tito” Asfura, según los documentos. Asfura, entonces regidor de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones previstas en Honduras el mes que viene.

Alcogal señala que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades. No hizo comentarios sobre Varela o Asfura, y tampoco sobre otros clientes, citando las leyes de confidencialidad y las “obligaciones éticas con nuestros clientes”.

Un análisis de los documentos de los “Pandora Papers” descubrió que, a raíz de las revelaciones de los “Panamá Papers”, 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal.

Uno de los fundadores de Alcogal era Galindo, quien fungió como vicepresidente del partido político de Martinelli, Cambio Democrático, y uno de sus asesores presidenciales. Cordero, la “C” de Alcogal, es un ex viceministro de Asuntos Exteriores. Lee, la “L”, fue miembro del Tribunal Supremo de Justicia y ministro de Trabajo. Alejandro Ferrer, un socio, fue ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Comercio y juez del Tribunal de Apelación.

Los miembros de la familia Martinelli son clientes de Alcogal desde al menos finales de los años noventa, y el propio Martinelli fue director de una empresa creada por el bufete.

En 2015, Alcogal comunicó a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas que había creado y mantenido una empresa que perteneció al cuñado de Martinelli, Aarón Ramón Mizrachi Malca, después de que algunos medios de comunicación revelaran que la empresa había ayudado supuestamente a adquirir aparatos de espionaje fabricados en Israel. A Martinelli le acusaron después de utilizar los aparatos para interceptar las comunicaciones de políticos de la oposición y otras personas (actual caso de “pinchazos telefónicos”). Mizrachi declaró al ICIJ que su empresa fue absuelta en la investigación y que nunca le han investigado o acusado en el caso de espionaje.

En diciembre de 2016, Luiz da Rocha Soares, un ex ejecutivo del gigante de la construcción brasileña Odebrecht admitió que su antigua empresa había pagado en secreto 30 millones de dólares en sobornos a dos empresas pantalla, Pachira Ltd. y Mengil International, para obtener contratos de obras públicas en Panamá. Los medios brasileños relacionaron a las dos empresas con los hijos de Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Uno de los hermanos, no está claro cuál, recibió seis millones de dólares, aseguraba Soares, según algunos informes de prensa.

Al cabo de año y medio, según muestran los documentos, Alcogal creó dos empresas en Panamá, Josland Investments SA y Tristaina Trading SA, para Nervis Villalobos, un ingeniero eléctrico que había ocupado altos cargos en el Gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, como el de viceministro de Energía. Para aquel entonces, trabajaba en el sector privado como asesor internacional independiente en asuntos energéticos.

Los análisis del ICIJ revelan que, entre enero de 2017 y mayo de 2018, Alcogal presentó 16 informes de actividad sospechosa relacionados con personas vinculadas al caso de corrupción de Odebrecht o a un caso anterior conocido como Lava Jato.

En esta investigación también sale a relucir el nombre del expresidente panameño, Ernesto Pérez Balladares. Aparece vinculado a otra sociedad en las Islas Vírgenes señalada en un caso de sobornos en Panamá. Sus tres hijas y la esposa del exmandatario también son mencionadas.

Alcogal se defiende

Minutos después de que saliera a relucir esta investigación de ICIJ, el bufete Alemán Cordero Galindo & Lee, conocido como Alcogal, rechazó rotundamente las “conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones” realizadas este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Alegaron que una auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por ICIJ.

Exponen que siempre han cooperado de forma inmediata y efectiva con todos los requerimientos de las autoridades competentes y reitera que lo seguirá haciendo.

Alcogal destaca que siempre han actuado conforme a las normas y apegados a las leyes; reafirman que sus actividades son de naturaleza jurídica y corporativa.