Procuradora Kenia Porcell sostiene que se determinó que hubo delito en el expediente por la compra de comida deshidratada
| diciembre 10, 2015
José Agustín Del Mar/ @josedlmar
El sobreseimiento dictado por el Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo penal a favor de dos exministros y de dos exviceministras, quienes integraban la junta directiva del Programa de Ayuda Nacional (PAN) cuando se avaló la compra de comida deshidratada en el quinquenio pasado, ha generado una serie de reacciones.
De esto se desprende, el anuncio que la Fiscalía Segunda Anticorrupción apelará la decisión tomada por el juez Leslie Loaiza, según confirmó la propia jefa del Ministerio Público Kenia Porcell, quien agregó que sólo se espera que se cumpla con la correspondiente notificación.
Pese a la intención de apelar el sobreseimiento, el abogado Miguel Antonio Bernal es de la idea que no se puede culpar del Ministerio Público, ya que subrayó la cantidad de limitaciones de la entidad para enfrentar investigaciones tan complejas.
Por otra parte, Carlos Lee de Alianza Ciudadana pro Justicia, sostuvo que resulta contradictorio que los exmiembros de la junta directiva del PAN no hayan tenido algun nivel de responsabilidad.
El Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo penal dictó recientemente un sobreseimiento definitivo a favor de los exministros Federico Suárez (Obras Públicas) y Lucy Molinar (Educación); y de las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social).
Por este caso, el Juzgado llamó a juicio a cinco personas, entre los que se encuentra Adolfo de Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli; al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; al exjefe del Departamento de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti; a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; y a Rubén De Ycaza, representante legal de Lerkshore International Limited; empresa a la que se le adjudicó el contrato en el año 2010.
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