El abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal acusó al gobierno del presidente Ricardo Martinelli de recurrir a prácticas de intimidación para «tratar de desacreditar» a líderes de los movimientos sociales y sindicatos, citó DPA.
| mayo 5, 2010
Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil en Panamá exigieron el respeto al derecho a la protesta social y política, y el fin de las amenazas atribuidas a sectores oficialistas en contra de figuras opositoras.
El abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal acusó al gobierno del presidente Ricardo Martinelli de recurrir a prácticas de intimidación para "tratar de desacreditar" a líderes de los movimientos sociales y sindicatos, citó DPA.
Bernal señaló el martes en un acto público en la sede del Arzobispado que agentes oficiales utilizan tres "máquinas" entregadas por gobiernos extranjeros para la escucha y grabación de conversaciones telefónicas particulares.
Asimismo, indicó que miembros de los aparatos de seguridad llegan en forma intempestiva a algunas residencias para tomar fotografías, con el objetivo de organizar "un seguimiento" a dirigentes políticos.
Bernal intervino la noche del martes en un foro de la sociedad civil, en el que dirigentes de organizaciones no gubernamentales, sindicalistas, religiosos, profesionales e indígenas firmaron una declaración ciudadana en la que se comprometen a defender la tolerancia y la libertad de opinión y asociación.
Las acusaciones del jurista fueron rechazadas por Martinelli, quien instó al denunciante a que recurra a los tribunales en caso de que se sienta perseguido.
En un foro de periodistas reunido el martes, el mandatario manifestó que su gobierno es respetuoso de la libertad de expresión y trabaja a favor de la seguridad u en contra de la delincuencia.
Sus declaraciones se produjeron mientras la suspendida procuradora general, Ana Matilde Gómez, solicitaba el amparo de la Defensoría del Pueblo tras haber sido "despojada" de su servicio de custodia en un presunto acto de "represalia" oficialista.
Por otro lado, activistas del foro ciudadano denunciaron que el 29 de abril fue asesinado a tiros el abogado Javier Justiniani, quien había iniciado un pleito con el gobierno por el deterioro de la situación carcelaria y la violación de derechos humanos.
La sindicalista Zelideth Rosales denunció destituciones masivas en la esfera pública y los intentos del oficialismo de desconocer el derecho del Consejo Nacional de Trabajadores (CONATO) para escoger a sus propios representantes en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza.
Rosales advirtió que si el gobierno decide escoger a los delegados sindicales pedirá a sindicatos en otros países que los desconozcan.
Por su parte, el sociólogo Raúl Leis, secretario general del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAL), propuso que la gente organice una propuesta coherente y vinculante en contra de la corriente de ultraderecha que genera una especie de "autismo político" en las masas.
Leis destacó que, pese a su crecimiento económico, Panamá es uno de los países más desiguales en la región más desigual del mundo, en alusión a Latinoamérica y el Caribe, y recomendó crear las condiciones sociales "para que todos quepan" y construyan la democracia más allá de los aspectos electorales.
La declaración ciudadana difundida en Panamá exige respeto a la libertad de asociación, la separación efectiva de los poderes del Estado, la independencia del sistema judicial y el "rechazo a toda práctica autoritaria y de ataques personales o persecución contra dirigentes sindicales, empresariales, sociales o políticos".
