«El nombramiento de Belfon es un ejemplo claro de que el neonorieguismo’ se ha apoderado del Ministerio Público para desatar la persecución contra las libertades», advirtió el analista y crítico al gobierno Miguel Antonio Bernal.
| diciembre 19, 2012
El gobierno del presidente Ricardo Martinelli encendió una polémica en Panamá al designar a una ex fiscal del pasado régimen militar como procuradora general y a un allegado como magistrado para alcanzar el control pleno de la Corte Suprema de Justicia.
La abogada Ana Belfon fue seleccionada como procuradora o fiscal general, mientras que el actual procurador José Ayú Prado fue escogido como magistrado, anunció la presidencia la noche del martes.
Esas designaciones deben ser ratificadas en sesiones extraordinarias por la Asamblea Nacional, aunque ese paso se da por descontado debido a que el gobierno cuenta con el respaldo de una mayoría legislativa.
Belfon ocupó entre 1986 y 1989 una fiscalía importante durante la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega y se le conoció como la "fiscal de hierro". En el actual gobierno fungía como asesora de asuntos jurídicos de la presidencia.
Noriega, quien fue depuesto por la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, purga desde hace un año varias condenas por homicidio en una cárcel panameña. El ex hombre fuerte, de 78 años, fue repatriado desde Francia en diciembre de 2011.
Dirigentes políticos y de la sociedad civil que se enfrentaron al régimen de Noriega cuestionaron las designaciones.
"El nombramiento de Belfon es un ejemplo claro de que el `neonorieguismo’ se ha apoderado del Ministerio Público para desatar la persecución contra las libertades", advirtió el analista y crítico al gobierno Miguel Antonio Bernal.
The Associated Press llamó a los teléfonos móviles del secretario de Comunicación Luis Eduardo Camacho en busca de detalles sobre los nombramientos, pero los aparatos sonaban ocupados. Belfon no ha dado declaraciones a la prensa.
Martinelli tiene la potestad de seleccionar al fiscal general, quien debe investigar denuncias contra particulares y el gobierno. Sin embargo, los críticos consideran que los fiscales supuestamente hacen en muchas ocasiones la vista gorda ante casos de denuncias de corrupción de alto perfil oficial, y Ayú Prado no escapó a esos cuestionamientos.
El traslado de Ayú Prado de la fiscalía a la Corte Suprema de Justicia generó igualmente encendidas críticas. Martinelli también tiene el derecho por ley de hacer esa designación, pero dirigentes opositores y de la sociedad civil cuestionaron que el mandatario volvió a nombrar a un allegado en vez de seleccionar a un juez totalmente independiente y que surgiera del consenso.
Se trata del quinto magistrado que designa Martinelli en el máximo tribunal, integrado por nueve jueces. El gobernante, cuyo quinquenio presidencial culmina en julio de 2014, queda con mayoría en ese órgano.
Martinelli, un empresario multimillonario y populista de derecha, ha dicho que no busca el control judicial para impulsar una posible reelección, la cual está prohibida por ley, pero sus críticos dudan de la palabra del mandatario de 60 años.
