El informe, fue presentado por el representante de UNICEF en Panamá, Mark Conolly, y por el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas.
| enero 28, 2009
Panamá no cumple los estándares internacionales en el trato a los adolescentes presos, en particular el derecho a continuar sus estudios, según un informe presentado el martes por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Defensoría del Pueblo.
El informe, basado en el estudio titulado "Monitoreo de Violencia en Centros de Custodia y de Cumplimiento", fue presentado por el representante de UNICEF en Panamá, Mark Conolly, y por el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas.
"En materia de justicia penal de adolescencia, el Estado panameño se encuentra por debajo de los estándares establecidos por las legislaciones vigentes y acuerdos suscritos en materia de derechos humanos", señala el informe.
Los principales problemas de los adolescentes privados de libertad en Panamá -especifica- son la negación a los derechos de educación y de petición.
En educación el problema es la falta de profesores preparados para este tipo de personas y la descoordinación que existe entre los alumnos y el grado de estudios que imparten los profesores.
Además, el informe destaca que la posibilidad de estudiar en los centros penitenciarios para adolescentes "ha dejado de ser un derecho para convertirse en un premio" para aquellas personas privadas de libertad con buena conducta o que "caen en gracia con las autoridades del centro".
En cuanto a los reclamos, las principales quejas de los reclusos siguen siendo la alimentación, la salud, el trato personal y el compañerismo entre los adolescentes.
Este estudio "es un instrumento valioso que contribuye a visibilizar la situación de aquellas personas en conflicto con la ley" y que debe servir "para el cumplimiento de las obligaciones que como Estado tiene nuestro país frente a las normas internacionales de derechos humanos", concluyó Vargas.
"Este es uno más de la lista de informes negativos que hay" sobre Panamá en lo relativo al tratamiento de los presos, dijo a la AFP Javier Justiniani, presidente de la Fundación de apoyo al detenido.
Para el activista, "en los últimos 20 años, Panamá no cumple con los estándares internacionales en materia penal aprobados por las Naciones Unidas".
