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Presentan querella penal contra ministra de Educación y Contralor

Por pago de 2.5 millones por oficinas sin usar. Camacho denunció supuesto delito contra la Administración Pública

Presentan querella penal contra ministra de Educación y Contralor

Luis Eduardo Camacho, vocero de CD. Foto: cortesía

La ministra de Educación, Marcela Paredes y el Contralor General de la República, Federico Humbert, entre otros, tendrán que responder ante las autoridades por la presunta irregularidad en el pago de 2.5 millones de dólares por unas oficinas que nunca se utilizaron y cuyo contrato fue refrendado, pese a que la entidad para la cual se alquiló ni siquiera existe.

 

Para tal fin, el dirigente opositor Luis Eduardo Camacho presentó una denuncia penal ciudadana ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que se investiguen las actuaciones tanto de la ministra Paredes, así como la del contralor Humbert y quienes puedan resultar responsables de la posible comisión de delitos contra la administración pública.

 

Tras cumplir con la diligencia, Camacho explicó que su denuncia penal contra Paredes y Humbert está basada en una “noticia criminis”, luego que fueran publicadas en un diario local información sobre el tema en cuestión, el pasado martes 7 de marzo, cuyo titular aludía a que “Meduca habría pagado un año de alquiler sin usar oficinas”. Es decir, de acuerdo a la noticia, que el MEDUCA no solo habría tramitado un contrato de alquiler para 31 oficinas para un Viceministerio que a la fecha no tiene vida jurídica o que no existe, sino que además, el alquiler de las oficinas habría sido supuestamente pagado por un año, pese a que las mismas presuntamente no fueron utilizadas.

 

“Es un hecho irregular, durante el 2016 realizaron pagos por las oficinas que nunca fueron utilizadas, hay algo que no cuadra. La Ministra Paredes está  llamada a administrar transparentemente los recursos del Estado; hay escuelas con serios problemas de infraestructuras, hay escuelas que aún no han iniciado clases por falta de reparación, sin embargo pagan 2.5 millones en oficinas vacías que nunca se usaron para una dependencia que no existe”, reclamó.