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“Presiones ciudadanas por el caso de los albergues deben ir dirigidas al Ministerio Público” señala la diputada Chandler

Sectores piden justicia para los menores abusados.

“Presiones ciudadanas por el caso de los albergues deben ir dirigidas al Ministerio Público” señala la diputada Chandler

Walkiria Chandler, diputada. Foto: Cortesía

Los días siguen transcurriendo, sin resultados enérgicos sobre el escándalo de maltrato y abusos sufridos por menores de edad, durante su estancia en albergues a nivel nacional.

La diputada suplente y miembro de la Comisión de la Mujer, Niñez y familia, Walkiria Chandler pidió a la ciudadanía diferencias la separación de poderes e instó a que cualquier tipo de presión para lograr resultados deben ser obtenidos a través del Ministerio Público.

Entretanto la diputada del PRD, Zulay Rodríguez colgó en su cuenta de TW varios mensajes en los que calificó de “politiquería” las protestas ante la SENNIAF, cuando la responsabilidad de realizar las investigaciones es del Ministerio Público “quien es la única entidad que puede hacerle justicia a los niños abusados”.

Al ser consultada vía telefónica, Rodríguez solo se limitó a decir que no confía en el trabajo desarrollado por el Procurador General designado, Javier Caraballo.

Recientemente el propio Caraballo en su calidad de jefe del Ministerio Público asignado, evadió hablar sobre las posibles implicaciones de funcionarios o exfuncionarios de “alto perfil”, alegando que las investigaciones no pueden basarse en el nivel de presión social. Señalo que las averiguaciones sobre los albergues avanzan a buen ritmo

Por el momento, lo que se puede hacer es realizar reestructuraciones para que el caso de maltrato y abuso a menores no se vuelva a repetir, por lo menos así lo señaló la diputada Chandler.

La Fiscalía ha dicho que hay 20 víctimas menores de edad y 18 investigaciones por este escándalo que conmociona al país. Recientemente se detalló que unas 560 entrevistas a posibles víctimas han sido realizadas y se ha logrado una condena en la provincia de Colón y 7 imputados de los cuales 4 mantienen detención preventiva.

Por este caso ya renunciaron Eduardo Ulloa como fiscal general, y Mayra Silvera como directora de la Senniaf, un cargo que había asumido este mismo año.

Con detalles de José Agustín Del Mar