Aseguró que las funciones de su cargo, lejos de buscar conflictos, se dirigen a facilitar el trabajo de los funcionarios para no que no se exponga la administración estatal.
| enero 26, 2022
El procurador de la Administración, Rigoberto González, aclaró este miércoles que la nota dirigida el martes 25 de enero al contralor de la República, Gerardo Solís, no tiene el objetivo de crear una guerra entre funcionarios, sino manifestar su postura frente a los hechos particulares de fondos públicos, debido a que fue citado previamente por el contralor.
"Este funcionario que está aquí con ustedes (él) no tiene el ánimo ni anda buscando ni esa es la idea de crear ante la opinión pública que hay una guerra entre funcionarios", dijo González a los medios de comunicación.
Aseguró que las funciones de su cargo, lejos de buscar conflictos, se dirigen a facilitar el trabajo de los funcionarios para no que no se exponga la administración estatal.
"El procurador de la Administración es el abogado del Estado y lo que pretende es facilitar el trabajo del resto de los funcionarios del Estado para no exponer la administración institucional y para que no hayan demasiados cuestionamientos justificados de la opinión pública", remarcó.
Por esta razón, señaló que se sintió obligado a responder a las insinuaciones que, según su punto de vista, se referían a que en el 2015 cuando él asumió el cargo tenía conocimiento de diferentes asuntos relacionados a los gastos de movilización.
"Me sentí obligado cuando vi esa nota de prensa donde se me llama a mí por mi nombre, entonces si se me llama a mí por mi nombre, yo tengo que responder", sostuvo.
González, remitió una nueva nota al contralor Solís este martes, dado a que este último se ha negado a atender las preguntas sobre los gastos de movilización y otros beneficios que reciben alcaldes y representantes de corregimiento.
“Señor contralor, cumpla usted con sus funciones, que yo seguiré desempeñando las mías”, escribió González en dicha nota.
El procurador de la Administración le pide a Solís que presente las denuncias sobre cualquier irregularidad que haya podido cometer como procurador de la Administración y así “evitar hacer insinuaciones infundadas en contra del desempleo de nuestro cargo”.
Le recordó al contralor que él tiene la función constitucional de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y velar que todos desempeñen “cumplidamente” sus deberes, y una de las funciones privativas de la Contraloría, es la fiscalización, regulación y control del manejo de fondos y bienes públicos.
Desde el año pasado, González ha enviado notas a Solís, para preguntar por la fiscalización de los gastos de movilización que se asignan los representantes y alcaldes del país. El contralor no ha dado respuesta a las preguntas y, en cambio, ha reprendido al procurador. La última vez, Solís le escribió: “resulta curioso que inicie usted una investigación preliminar solicitándome a mí que le suministre yo a usted, información respecto de normas del ordenamiento jurídico, cuando es usted mismo quien tiene la obligación de mantener sistematizadas esas normas. Por lo que más bien pareciera que usted debe investigar por qué no tiene en la Procuraduría esa información, como es su obligación legal”.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, se refirió a la carta que envió el Contralor Solís, “todo este tiempo yo he tratado de mantener distancia, porque lo que menos debemos proyectar los funcionarios públicos es que hay una pelea y un conflicto”. #RadioPanama pic.twitter.com/YhiCykIuOf
— Radio Panamá (@radiopanama) January 26, 2022
