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Red de la operación Fisher mantenía una empresa para justificar el movimiento de dinero proveniente de la droga

Hasta el momento, a la red criminal se le ha incautado 11 propiedades, entre ellas, una finca en la Arboleda en La Chorrera; dos residencias en Costa Verde, Arraiján; y otra en Barrio Colón, en La Chorrera.

Red de la operación Fisher mantenía una empresa para justificar el movimiento de dinero proveniente de la droga

Este martes continúa el sexto día de audiencia para dictaminar las medidas cautelares. Foto: Cortesía

Desde la mañana del lunes hasta pasada las 8:30 p.m. se realizó el quinto día de audiencia en contra de los 57 aprehendidos en la operación Fisher, una red criminal dedicada al supuesto tráfico internacional de drogas y ligada al Clan del Golfo, de Colombia.

Durante esta audiencia para dictaminar las respectivas medidas cautelares a los implicados, el fiscal de Drogas, Joseph Díaz, señaló que la organización, presuntamente liderada por Jorge Luis General (alias El General), diversificó sus tareas y mantenía grupos específicos de trabajo para la movilización de las drogas que ingresaban por diferentes poblaciones de la Costa Abajo de Colón.

Planteó que "El General" era propietario de la empresa Magna Pesca, que fue usada para justificar el movimiento de dinero proveniente de la venta y distribución de drogas, y de acuerdo con datos del Registro Público, esta compañía tiene como presidente, precisamente, a esta misma persona.

En la residencia de General, las autoridades a cargo de le operación encontraron $44 mil, mientras que cuatro embarcaciones marítimas ligadas a él, valoradas en $400 mil, que también fueron confiscadas. Según las autoridades, las mismas eran usadas para la movilización de los estupefacientes y del dinero procedente de su venta.

Díaz expuso que la red usó residencias en el sector de Nueva Providencia, en Colón, que colindaban con el mar, casas que servían para la recepción de la droga y el dinero.

De hecho, en una de esas casas se encontró tres caletos con más de $10 millones. Mientras, las otras casas que también estaban al servicio del tráfico de droga fueron encontradas vacías.

Narró, además, que la vivienda conocida como "La Finca", fue usada por la organización criminal para ocultar las embarcaciones marítimas que escapaban del control del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

A esta estructura criminal no le faltaba la tecnología, pues compraron un Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) para tener la ubicación exacta de la droga. A su vez, los integrantes de la red cambiaban de chips telefónicos de manera constante y además usaban sistemas de encriptación para evitar que sus comunicaciones fueran intervenidas, pese a esto, a través de interceptaciones telefónicas de varios de los imputados en la operación Fisher, la fiscalía se enteró de la reparación de algunos de los caletos que estaban deteriorados.

Otro grupo estaba encargado de realizar los pagos a los diferentes miembros de la estructura, de acuerdo con la función que realizaban, no solo hombres sino también mujeres.

La fiscalía planteó que incluso mantenían una tabla para la asignación de los pagos. Cuando la organización tenía que cambiar el dinero deteriorado por dinero nuevo, acudían a personas que laboraban en la Zona Libre de Colón, quienes le facilitaban esta tarea.

En la audiencia, la fiscalía también relató que otros miembros de la red criminal eran los encargados de comprar las armas. Eso quedó comprobado, según la fiscalía, durante una operación realizada el pasado 5 de mayo de 2021, en la cual se decomisaron cuatro fusiles de asalto M-4, varias subametralladoras y 1,600 municiones de diversos calibres.

Esa investigación de la fiscalía arrojó que un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS) usó uniformes de esa entidad que fueron entregados a un ciudadano nicaragüense y a un hondureño, quienes ingresaron ilegalmente al país. Los mismos pretendían mover un alijo de droga hacia Centroamérica, trabajo que fue realizado por otros integrantes de la red criminal.

El grupo también contaba con el servicio de un capitán del Senan y de un mayor de la Policía Nacional, que brindaban información sobre la ubicación de los grupos de vigilancia policial para que no interfirieran en el tráfico de la droga o el movimiento de dinero, reveló la fiscalía de Drogas.

Incluso, en la investigación de dicha fiscalía se determinó que un miembro de la red está vinculado con un caso de homicidio de una persona que también está relacionada con el tráfico de drogas.

Hasta el momento, a la red criminal se le ha incautado 11 propiedades, entre ellas, una finca en la Arboleda en La Chorrera; dos residencias en Costa Verde, Arraiján; y otra en Barrio Colón, en La Chorrera.

Así mismo, una finca en el corregimiento de El Potrero, en la Pintada, provincia de Coclé; una barbería y una residencia en Montelimar, La Chorrera.

En la lista también está una finca en el corregimiento de Cristóbal, en Colón; y una residencia en Cuatro Altos, también en esa provincia de la costa Caribe. Además, figura un apartamento en el PH Astoria en la ciudad de Panamá, y una casa de playa en Río Hato, Coclé.