Esta ley aplicada solo para los educadores, tiene a 16 de los 17 gremios enfrentados.
| septiembre 26, 2018
Por medio de la ley 54 del 27 de diciembre del 2000, los educadores cuentan con el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable, en el que al cumplir los 28 años de servicio, pueden retirarse de la profesión cobrando al menos 70 mil dólares. Por lo general las mujeres podrán salir del sistema a los 52 años, mientras que los hombres a los 56. Una pensión puente de 5 años.
Cada educador aportará al fondo solidario el 3,5% de su salario, mientras que el gobierno dará una cuota de 4,4%, ambas son obligatorias.
En la actualidad el fondo del PRAA se invierte en bonos y otros activos y al 31 de agosto la suma ascendía a los 223 millones de dólares. Los requisitos para aplicar al sistema son el haber ingresado a trabajar en el Estado antes de los 28 años de edad los hombres y 33 años las mujeres.
Los diputado Miguel Fánovich y Francisco Alemán presentaron un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que mantiene a 16 de los 17 gremios enfrentados, para eliminar la obligatoriedad del aporte al PRAA, lo que determinaría que el Estado deje de otorgar ese 4,4%, y que todo educador que ya aportó pueda retirar esos fondos, lo que haría desaparecer el sistema solidario.
El gremio de educadores AMIA es el único que aprueba el proyecto de ley, mientras que los otros 16 gremios lo rechazan.
El PRAA fue creado durante la administración de Mireya Moscoso, tras la eliminación de las jubilaciones especiales a los educadores del país.
