Escucha ahora

Programación Musical

Radio Panama


Sin Filtro: Los menores que llegan sin expedientes ni identidad a los albergues

El debate en estos momento debe ser la protección de los menores, que son las futuras generaciones del país. Y este punto está muy lejos de llegar a darse

Suena el teléfono, y puede ser el Senniaff, el Ministerio Público o el Mides, que preguntan si el albergue, puede recibir a un nuevo menor de edad.
La respuesta de Sor Lourdes, directora del Hogar San José de Malambo, siempre es afirmativa, no hay espacio para dudas.

Solo dos albergues para menores y adolescentes en el país son estatales, el resto son de ONGS privadas.


El mides destina 5 millones de dólares anuales para las fundaciones sin fines de lucro y entre ellos están los albergues.

Así como lo escucha, el presupuesto anual aproximado del Hogar San José de Malambo, es 1 millón 800 mil dólares, y el subsidio anual que envía el Mides a esta institución, solo son  300 mil dólares anuales.


Cada menor, cuesta 500 dólares mensuales, entre comida, atención, medicinas, ropa y demás.


La falta de mantenimiento y supervisión por parte del estado a los albergues no es nueva y es un problema de arrastre.


Hay una ausencia de políticas públicas claras para que el Estado enfoque su atención a la situación del  menor.


Un simple ejemplo de esto es que según la reglamentación del Senniaf con los albergues, se debe colocar el permiso de funcionamiento, y cada niño debe tener su expediente, el cual debe ser entregado los primeros cinco días del mes a la Seniaff para ser supervisado por el Mides. El tema aqui es que muchas veces, los menores llegan sin identificación ni expedientes.

Para Sor Lourdes, es un problema de arrastre, y en este momento muchos han querido distraer la atención de lo que realmente importa, que es el futuro de las próximas generaciones del país.


El debate en estos momento debe ser la protección de los menores, que son las futuras generaciones del país.


Y este punto está muy lejos de llegar a darse, ya que el asunto se ha politizado y desviado de su problema de origen.


Por lo que la interrogante aquí planteada es:


¿Será que el Estado asume su responsabilidad y comienza a cumplir su rol en  la supervisión de los menores en albergues del país, o se continuará en la protección a aquellos que sólo buscan sacar provecho y abusar del sistema?