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Sin Filtro: Panamá y el fracaso de sus sistema de resocialización en cárceles

Tenga en cuenta que según un estudio pagado por la unión europea, en los centros penitenciarios del país, el 33% de los detenidos tiene vinculación con delitos de posesión o tráfico de drogas.

Un país con centros penitenciarios muestra que existe un problema serio de resocialización e incorporación de ese ser a la sociedad como parte de la población productiva.

Hasta agosto del 2019 el censo de población en  nuestros centros penitenciarios indicó un total  de 17 mil privados en todo el país.

 

 

Si nos vamos a la historia, nuestro sistema penitenciario ha tenido varias transformaciones desde 1920 cuando existía el conocido presidio de Chiriquí, localizado en las Bóvedas.

Con el tiempo vino, como ola, el primer penal colonial en la isla de Coiba y las construcción de cárceles modelos en el país.

 

 

 

De acuerdo a la definición de la ley 87 del 1 de julio de 1941 los “establecimientos penales tienen  por objeto la reclusión de los condenados a sufrir penas privativas de la libertad, teniendo en cuenta que las cárceles son lugares de seguridad de expiación, no de castigo, por lo tanto, queda prohibida toda severidad que no sea necesaria para la custodia  y enmienda de los presos”.

 

 

Transcurrieron varias décadas hasta que en 1996 se ordena la demolición de la  cárcel modelo, ubicada en el Chorrillo,  cómo símbolo de repudio a las violaciones de los derechos humanos que se dieron en este penal. 

Esta población penitencia se reubicó a la población en los centros penitenciarios la Joya y la Joyita. Acción que intentaba darle un giro al sistema penitenciario. Lo real fue que continúo la ausencia de una correcta clasificación, las fugas y la introducción de armas, aparatos y con el tiempo el ingreso de celulares.

 

Ambos centros continúan vigentes, y el gran cambio hecho, en el 2003 fue  la transformación del Departamento de Corrección pasando a ser la Dirección General del Sistema penitenciario (DGSP), adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia bajo la ley n° 55 de 30 julio de 2003.

 

 

Son los custodios penitenciarios, a los que hace poco se les aprobó la carrera administrativa, los que hasta este momento se encargan de mantener el orden y la vigilancia dentro de los centros penitenciarios. Nada ha variados por más de un siglo. Estos centros mantienen hacinamiento y antes de resocializar son universidades del delito.

 

 

 

Así, llegamos a diciembre de 2019 cuando se registra una reyerta en el pabellón 14 del centro penitenciario la Joyita, en la que fallecieron 14 personas, y se descubrió por “sorpresa” que había armas, videojuegos, y todo tipo de productos en las cárceles, se volvió a poner sobre la mesa la crisis y sobrepoblación del sistema penitenciario.

 

 

 

Tras estos hechos, la interrogante que todo el mundo se hizo es  la siguiente: ¿Quién debe tener el mando sobre las cárceles? ¿Custodios o policías penitenciarios?

 

 

 Tras esta conferencia, el consejo de gabinete aprobó el pasado lunes 30 de diciembre la presentación del proyecto del servicio de seguridad penitenciaria (SSP), como un componente especializado de la fuerza pública, adscrito al ministerio de seguridad pública (MINSEG).

 

Es el ministro de seguridad Rolando Mirones quien deberá presentar el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, y quien aseguró que será una un componente nuevo de la fuerza pública, que no tendrá que ver con la policía.

A su vez se mantendría el trabajo de resocialización bajo el mando del Ministerio de Gobierno.

 

Ahora ¿serán dos ministerios que estarían a cargo de la seguridad en las cárceles, una afuera y otro adentro?

Tenga en cuenta que según un estudio pagado por la unión europea, en los centros penitenciarios del país, el 33% de los detenidos tiene vinculación con delitos de posesión o tráfico de drogas.

 

Por lo que la interrogante aquí planteada ¿quién debe tener el mando sobre las cárceles? ¿custodios o policías penitenciarios?