| marzo 11, 2021
A pesar que la ley 16 de Junio de 2016, lleva ya cuatro años desde que fue implementada, el sistema alterno de resolución de conflictos comunitarios, conocida como Justicia de Paz, aún está lejos de llenar las expectativas.
Un nuevo debate se ha generado debido al clamor que existe por la falta de recursos económicos y las debilidades en el sistema administrativo.
Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) señaló que la mano política en los nombramientos de los Jueces de Paz contamina aún más el proceso. Instó a las entidades encargadas y a la propia Asamblea Nacional a realizar las modificaciones pertinentes.
Cada municipio debe contar con una comisión técnica distrital, que tiene como objetivo atender las quejas de los usuarios contra actuaciones de los jueces de paz, supervisar y evaluar periódicamente su desempeño, sin embargo, esto no se está cumpliendo, dejando la puerta abierta a arbitrariedades, anarquismo y abusos de poder, según destacó a Radio Panamá, Alma Montenegro de Fletcher.
La ley desde sus inicios presenta algunas inconsistencias que dejan en un “limbo” varios de sus artículos. Es por eso que hace más de un año se impulsó un proyecto de ley que buscaba reformar y mejorar algunos aspectos de la Ley 16, con la finalidad de subsanarlos, sin embargo, hasta la fecha se continúa impartiendo justicia comunitaria con muchas deficiencias.
En el distrito de Panamá, el municipio más grande del país donde se le brinda atención en temas de justicia comunitaria de paz a más de un millón de personas segregadas en 26 corregimientos, pero atendidos por 23 jueces de paz que no cuentan con las condiciones necesarias para impartir justicia.
[Con detalles de José Agustín Del Mar…]
