Uno de los avances logrados fue la aprobación de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, (que data de 1959), la cual se encuentra en su etapa de reglamentación.
| enero 3, 2022
La Unión Europea (UE) extendió por seis meses el plazo para que Panamá implemente un sistema de trazabilidad pesquera y acuícola para atender y cerrar las no conformidades identificadas durante la última auditoría realizada por el organismo en diciembre del año pasado.
La misión de seguimiento de la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca (DG Mare) de la UE estuvo en Panamá entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021 como parte del diálogo con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) para ver los avances en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
Entre algunas de las consideraciones señaladas por este organismo para que el país corrija, indicó que se requiere de más personal en el centro de control y monitoreo de la Autoridad Marítima de Panamá; igualmente se establece la necesidad de cooperación por los funcionarios del puerto pesquero de Vacamonte.
Uno de los avances logrados fue la aprobación de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, (que data de 1959), la cual se encuentra en su etapa de reglamentación.
La Unión Europea impuso una tarjeta amarilla a Panamá en diciembre de 2019 como advertencia, y que según las autoridades panameñas representa una oportunidad para mejorar, de forma integral, la gestión del país en temas pesqueros.
La UE es el mayor mercado mundial de importación de productos pesqueros. El 90% del atún que exporta Panamá tiene como destino ese mercado y de esta actividad dependen más de 35 mil familias. Tras la incorporación al país a la tarjeta amarilla y para evitar pasar a la tarjeta roja, Panamá adelanta una serie de medidas que buscan que la actividad cumpla con estándares nacionales e internacionales y se pueda proseguir con las exportaciones hacia estos mercados.
Este organismo cuenta con un reglamento destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que entró en vigor el 1 de enero de 2010. Es aplicable al comercio de productos de la pesca marítima con la UE. Su objetivo es garantizar que ningún producto de la pesca capturado ilegalmente acabe en el mercado de la UE.
Para alcanzarlo, el reglamento establece un sistema de certificación de capturas que exige a los Estados que el pescado capturado por sus buques y comercializado en la UE no procede de actividades pesqueras ilegales. El sistema garantiza que los buques de los países cumplen las normas nacionales y regionales de conservación y ordenación.
