La empresa de ingeniería con sede en Corea del Sur, Samsung Heavy Industries Company que ofrece servicios de construcción naval, construcción de plataformas en alta mar y otros servicios de construcción e ingeniería, acordó pagar multas por un total de más de US$ 75 millones para resolver la investigación gubernamental sobre violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por un plan para pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios en Brasil.
Samsung Heavy Industries celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia en relación con una acusación presentada en el estado de Virginia acusando a la compañía de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA.
De conformidad con su acuerdo con el DOJ, Samsung Heavy Industries se ha comprometido a pagar una multa penal total de US$ 75.5 millones – 50% de los cuales se pagarán a Estados Unidos dentro de los 10 días hábiles del acuerdo de enjuiciamiento diferido y el 50% restante será pagado a las autoridades brasileñas de conformidad con los acuerdos entre Samsung Heavy Industries y el Controladoria-Geral da União (CGU), Advogado-Geral da União (AGU) y Ministério Público Federal (MPF), o serán pagados a Estados Unidos si no se paga ese 50% a las autoridades brasileñas antes del 25 de noviembre de 2020.
En los procedimientos relacionados en Brasil, Samsung Heavy Industries celebró un memorando de entendimiento con la UGE y la UGE y un acuerdo complementario para la negociación de un acuerdo de clemencia con el MPF.
Según las admisiones de Samsung Heavy Industries, entre 2007 y hasta 2013, la compañía conspiró con otras partes para violar la FCPA al proporcionar aproximadamente US$ 20 millones de pagos de comisiones corruptas a un intermediario brasileño, sabiendo que parte del dinero se pagaría como sobornos a funcionarios de Petrobras, la compañía estatal brasileña de petróleo y energía controlada por el estado, a fin de asegurar ventajas comerciales inadecuadas y hacer que Petrobras celebre un contrato para alquilar un barco de perforación que Samsung Heavy Industries estaba vendiendo a una empresa de perforación en alta mar con sede en Houston, situación que le facilitó a Samsung Heavy Industries la venta del barco de perforación. Samsung Heavy Industries tomó medidas para promover la conspiración de soborno desde su sucursal ubicada en Estados Unidos.
Como parte del acuerdo de enjuiciamiento diferido, Samsung Heavy Industries ha acordado continuar cooperando con el DOJ en cualquier investigación y enjuiciamiento en curso relacionados con la conducta, incluidos los individuos; mejorar su programa de cumplimiento; e informar al Departamento sobre la implementación de su programa de cumplimiento mejorado.
«Samsung Heavy Industries pagó millones de dólares a un intermediario brasileño, sabiendo que parte de ese dinero se usaría para sobornar a ejecutivos de alto nivel en Petrobras y obtener un lucrativo contrato de construcción naval», dijo el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski, del Departamento de Justicia. «La resolución es un ejemplo más del compromiso continuo del Departamento de erradicar el soborno y trabajar con nuestros homólogos extranjeros para investigar esquemas que abarcan múltiples jurisdicciones internacionales».
Con el acuerdo, Samsung Heavy Industries recibió crédito por su cooperación con la investigación del DOJ y por tomar medidas correctivas. Por ejemplo, la compañía realizó mejoras significativas en su programa de cumplimiento, incluida la contratación de personal de cumplimiento adicional, la implementación de políticas anticorrupción mejoradas y un mayor control de diligencia debida de los proveedores externos, estableciendo capacitación anticorrupción obligatoria y mejorando las políticas y procedimientos de denuncias. Sin embargo, la compañía no recibió crédito total por su cooperación, debido a que no cumplió con los plazos razonables impuestos por el departamento y los retrasos que causó al llegar a una resolución. En consecuencia, la penalidad penal total refleja una reducción del 20% del mínimo del rango de multas aplicables que se desprende de la United States Sentencing Guidelines.
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