El tribunal constitucional ha dado por bueno el habeas corpus y revoca la prisión preventiva del ex presidente y su mujer, mientras prosigue la investigación de los presuntos delitos relacionados con la constructora brasileña
| abril 28, 2018
La acusación contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine, los vincula al lavado de capitales y asociación para delinquir, después de que hubieran recibido tres millones de dólares de la compañía constructora brasileña Odebrecht, que habrían invertido en su campaña electoral del año 2011.
El juez de la causa, Richard Concepción, en un proceso judicial anterior contra Humala por violación de derechos humanos en su época de oficial del ejército, dijo que la defensa de Humala compró testigos para que cambiaran su declaración a favor del acusado por lo que ante el temor que obstruyera la investigación decretó su prisión preventiva. Prisión que ahora levanta hasta que se celebre el juicio vía una petición hábeas corpus.
Aunque la fiscalía dice que contaban con las pruebas necesarias para constatar que los acusados recibieron tres millones de dólares de la citada empresa brasileña para su campaña presidencial del 2011. En esa investigación de los agentes judiciales, se estableció que el matrimonio Humala tenía un desfalco patrimonial de 9 millones de dólares y que la acusación formal se redactaría para finales de mes.
El juez ordenó la orden de prisión preventiva por 18 meses para el ex presidente y su esposa al considerar la orden idónea y necesaria, debido al “alto grado de probabilidad” de que Humala eluda la acción de la justicia y perturbe la actividad probatoria en el caso por lavado de activos. Existe también un riesgo de fuga.
Ahora el tribunal constitucional ha dado por bueno el “habeas corpus” y revoca la prisión preventiva del ex presidente y su mujer, mientras prosigue la investigación de los presuntos delitos relacionados con la constructora brasileña.
Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia aún tendrán que permanecer en la cárcel algunos días mas hasta que la sentencia se haga pública y les permita abandonar la prisión preventiva.
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