SANTIAGO/ CHILE: Chile vive uno de los momentos políticos de mayor complejidad desde que el 18 de octubre, hace casi un mes, estalló una crisis nunca vista en su historia reciente, con inéditos niveles de violencia y destrucción de sus ciudades.
El Gobierno no ha logrado en estos 27 días controlar el orden público. En una jornada de paro nacional convocada por un centenar de sindicatos y fuerzas sociales, las concentraciones y marchas pacíficas fueron seguidas por altercados provocados por grupos violentos que nadie controla y que generaron el caos en varias ciudades y pueblos del país. De acuerdo a las cifras oficiales, hubo al menos mil detenidos, casi 400 heridos (46 civiles y 347 agentes de la policía y las fuerzas armadas), un centenar de saqueos a comercios, unos 200 cortes de vías de comunicación y al menos 30 incendios en todo el país. Fue quemada infraestructura pública y privada, sedes de partidos políticos, edificios de viviendas y universitarios y oficinas gubernamentales. Además, el Ejecutivo informó de que una persona fue atropellada en una carretera del norte del país, por lo que son ya 21 los fallecidos a causa de la crisis (cinco de ellos a manos de agentes).
La política chilena vive horas cruciales, busca una salida institucional al conflicto, pero esta se ve todavía lejana y además no parece que pueda apaciguar la violencia de una protesta sin líderes y que enfrenta a las instituciones democráticas con una severa crisis de representatividad, incluidos todos los partidos. Mientras la oposición pide unida un plebiscito y la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la que participen diferentes actores de la sociedad civil además del Parlamento para modificar la actual Constitución de 1980, el presidente, Sebastián Piñera, hizo en medio de una noche extremadamente difícil como la de este martes, un llamamiento a un acuerdo por la paz entre los partidos, organizaciones sociales y ciudadanos.
Los acuerdos que Chile necesita no pueden avanzar con la violencia e igual como no toleramos ninguna violación a los derechos humanos, tampoco toleramos ninguna impunidad ante delitos que reflejan tanta maldad y que han causado tanto daño, indicó Piñera, que anunció querellas contra todas aquellas personas que han incitado, promovido, fomentado o participado en la comisión de los graves delitos vividos en esta jornada.
El presidente, con una pérdida de credibilidad que lo ha dejado en torno al 15% de respaldo, hizo un llamamiento por su parte para alcanzar acuerdos por la justicia social y una nueva Constitución, a lo que se abrió su Gobierno el pasado fin de semana. Nunca antes la derecha se había avenido a reemplazar la Ley Fundamental heredada de la dictadura militar y la decisión del Ejecutivo en medio de la crisis fue considerada un hecho histórico: será la primera vez que el país tendrá una Constitución nacida de la discusión democrática.
El presidente se encuentra en una encrucijada: atrapado entre la necesidad urgente de restablecer el orden público y las decenas de acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En estos 27 días de protestas, unas 197 personas han sufrido daños oculares, especialmente por el disparo de escopetas de perdigones de los agentes.
La oposición está dividida después de la derrota electoral de 2017, no tiene un proyecto político común ni el control de la calle; al igual que el Gobierno y el oficialismo, se encuentra desprestigiada ante la ciudadanía.
Rocío Montes: elpais.com