El Gobierno español aprobó hoy la reforma de la Ley de Extranjería que limita las reagrupaciones familiares de los inmigrantes residentes en España.
| junio 26, 2009
El Gobierno español aprobó hoy la reforma de la Ley de Extranjería que limita las reagrupaciones familiares de los inmigrantes residentes en España y que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal pero no al "acogimiento humanitario".
La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que con este nuevo texto se pretende "pasar de una ley de extranjería a una de inmigración".
Así, la nueva norma amplía el plazo de internamiento a 60 días pero aumenta las garantías y garantiza el apoyo de las organizaciones no gubernamentales.
También se reforma el sistema de la agrupación familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 años o "existan casos humanitarios" y posibilitando la de las parejas de hecho.
Las modificaciones relativas a la reagrupación familiar "mejoran la futura integración y dan prioridad a la familia nuclear", según destaca el Gobierno español.
Así, establece más rigor en la comprobación de las condiciones económicas y de vivienda del reagrupante y otorga desde el principio una autorización para trabajar a los reagrupados.
Entre las novedades, cabe destacar que la nueva ley persigue la promoción de la inmigración irregular pero deja "fuera de toda duda" que no se va a perseguir la acogida humanitaria.
El texto también mejora las garantías en los procedimientos de expulsión introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de sanción.
Además, se acotan las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o hábeas corpus, por un tiempo tasado y se establecen los plazos máximos de suspensión.
En cuanto a los menores no acompañados, el texto español prevé la celebración de una audiencia del menor en los procesos de repatriación.
Contempla una serie de mejoras en la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación y la mejora de las garantías en las distintas situaciones.
Así, está prevista la creación de un registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.
Las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo entre siete y treinta días para que se abandone voluntariamente España, y se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.
Entre las modificaciones también cabe destacar la que regula la autorización de residencia a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, para que el temor a la expulsión no sea un obstáculo para la denuncia.
En la conferencia de prensa posterior a la habitual reunión de los viernes del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno español señaló que el texto, que incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y transpone las directivas europeas, es "equilibrado y garantista".
Con esta reforma, el Gobierno español confía lograr una inmigración "legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanos", para lo que ha "apostado por el consenso, el rigor y la eficacia", según dijo Fernández de la Vega.
Destacó que el proyecto de ley "perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo", aumenta la lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes mediante iniciativas educativas.
El proyecto de Ley será enviado al Congreso de los Diputados (la cámara baja del Parlamento español) para su tramitación parlamentaria.
Se trata de la cuarta reforma de la Ley de Extranjería que acomete el Gobierno español en ocho años.
